Sector vivienda: problemática nacional

Uno de los principales problemas que afronta todos los años el sector inmobiliario en el Perú es la falta de presupuesto destinado –principalmente– a programas sociales. Esta situación impide impulsar con mayor fuerza la reducción de la brecha de vivienda que existe en el país y se concentra en los sectores más vulnerables.

Para el 2022, por ejemplo, el presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el rubro llegaba a los S/ 598 millones, monto que, al ritmo de colocaciones del año, se hubiera agotado en el mes de julio, esto hubiera generado que más de 22,000 familias no puedan acceder a una vivienda nueva en lo que resta del año.

Sin embargo, gracias a las alertas presentadas y al trabajo conjunto con algunas autoridades, se pudo dar el visto bueno a S/ 502 millones adicionales, necesarios para poder colocar 15,000 Bonos del Buen Pagador (BBP) y 20,000 bonos de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN).

Esta cifra, no obstante, solo aliviana mínimamente la alta demanda de viviendas en el país que requieren miles de familias. Muchas de estas, al no hallar una oferta que se ajuste a sus condiciones, terminan optando por viviendas producidas informalmente.

Esta problemática se origina, entre otros motivos, por la falta de créditos hipotecarios para los sectores vulnerables, los cuales requieren de condiciones especiales para poder acceder a una vivienda. Mejorar esta situación pasa por un compromiso del Estado, que debe ver a los bonos de vivienda como una inversión, y no como un gasto.

Una vez que el sector público cambie su visión sobre los créditos de vivienda para las poblaciones vulnerables, uno de los primeros pasos que debe tomar es planificar los presupuestos que le destina todos los años. Por ello, consideramos que el tratamiento de este tema requiere de un esfuerzo para incluir al sector vivienda en los presupuestos multianuales.

Asimismo, es trascendental incluir la problemática de financiamiento de vivienda en la Agenda de la Mesa de Trabajo del MEF con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y los gremios, con el objetivo de hallar soluciones eficientes enfocadas en la población.

Está en las manos del sector público –y también del privado– encaminar medidas que permitan dar mejores condiciones de vida a todos los peruanos, y acabar con la informalidad, que solo representa un riesgo para millones de compatriotas.