Meollos municipales

Pospandemia. Desaceleración de la economía mundial. Conflictividad social. Crisis política. Inflación creciente… La lista de factores que le juegan en contra a la economía peruana en el 2023 es, lamentablemente, larga y compleja.

Por ello resulta preocupante —y para muchos frustrante— que, mientras las expectativas de los diferentes actores y analistas sobre el crecimiento del PBI este año se revisan a la baja; crece en Lima el número de alcaldes que, sin haber cumplido un trimestre en sus cargos, ya le están poniendo trabas a la inversión privada y al desarrollo de negocios en sus distritos.

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas —en un afán controlador y poco justificado— ha cerrado las ferias. Adiós, calles vibrantes y activas que fomentan la pertenencia entre los vecinos. Adiós, a las eficiencias para los habitantes del distrito que ahora tendrán que desplazarse más lejos para satisfacer sus necesidades. Adiós, a la oportunidad para los pequeños productores de incrementar sus ingresos vendiendo sus productos de forma directa al cliente final; sin necesidad de pasar por un rosario de intermediarios, una cadena que solo incrementa el precio final de los productos.

En Miraflores, Carlos Canales pretende limitar el área de los nuevos departamentos a un mínimo de 60m2. En San Isidro, Nancy Vizurraga Torrejón ha dicho que “resulta no viable la eventual aprobación de proyectos que incluyan viviendas de interés social, por cuanto, estas romperían la residencialidad consolidada”. En Surco, Carlos Bruce derogó una ordenanza que permitía la construcción de edificios con más alturas y ha puesto en la mira el desarrollo de viviendas sociales. Y en Magdalena, Francis Allison Oyague ha suspendido el otorgamiento de licencias de construcción por seis meses.

Estas decisiones desincentivan la inversión privada y le dan la espalda a la demanda del mercado, a la realidad: la ciudad necesita 150 mil viviendas nuevas. La Lima de hoy no es la de antes y las necesidades de vivienda son otras. Por ejemplo, según datos del INEI, en 1997 cada hogar peruano estaba conformado por 4.7 personas; en 2021, por 3.7. Es decir, no se requieren viviendas más grandes sino más pequeñas y funcionales, que permitan a los jóvenes independizarse sin dejar los distritos donde está no solo su núcleo familiar sino también su comunidad y sus trabajos.

Además, la densidad poblacional en distritos como Miraflores y San Isidro es media, según datos del Ministerio de Vivienda; por lo que la excusa de la alta densidad no es válida. Además, si el aumento de densidad está debidamente planificado (tarea de los alcaldes y autoridades), es decir, incluye una mayor y mejor infraestructura (saneamiento, agua, electricidad, zonas recreativas, etcétera), se eleva el valor de las propiedades, beneficiando así la economía de los vecinos.

Bien harían nuestras autoridades en recordar que impulsar el desarrollo económico y social, sostenible e inclusivo de todos los peruanos no pasa solo por emitir normas y mucho menos por enfrascarse en debates caprichosos que dan la espalda a la realidad. En cambio, lo que sí aporta al crecimiento económico y al bienestar de todos son autoridades locales y regionales que trabajen día a día en línea con las necesidades de su población y que ejecuten de manera inteligente, eficiente y libre de corrupción sus presupuestos.