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Recibir newsletterEscribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas.
La semana arrancó con las fallas en la iluminación de la pista de aterrizaje del Jorge Chávez, principal aeropuerto del país. Ello obligó a cancelar y redirigir vuelos, lo cual generó costos, demoras y mucho malestar.
Una vez más, todos los peruanos vimos como Corpac, empresa estatal a cargo de la iluminación, hacía gala de su falta de diligencia. Lo ocurrido esta semana se suma al accidente de los bomberos en noviembre de 2022, con lamentables pérdidas humanas; y poco antes, en abril de 2022, la huelga en plena Semana Santa, con una seria afectación a la industria del turismo.
La situación se agrava al ver que, según reportan informes periodísticos, la iluminación del aeropuerto no tenía mantenimiento hace 14 años, la empresa contratada para hacerlo próximamente es un cascarón sin experiencia en el tema y no había plan de contingencia para lo ocurrido.
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En simultáneo, los trabajadores de Corpac y en particular los controladores tienen beneficios y gollerías que incluyen desde dormir en el puesto de trabajo -como vimos en la filmación de la torre de control cuando se dio el accidente de los bomberos-, hasta sueldos que llegan a S/ 60,000 mensuales.
Penosamente, Corpac no es un lunar. Son conocidos los problemas de gestión de Sedapal, con el aniego de desagüe en San Juan de Lurigancho en 2019, que inundó con más de 1 metro de aguas fecales las casas del distrito y el corte de agua hasta por 4 días a miles de usuarios en setiembre de 2023. También los problemas de corrupción e ineficiencia de PetroPerú, cuyas rebajas sucesivas de calificación crediticia hacen evidente el nivel de deterioro de su gestión. Y está además la falta de citas para pasaportes en la web oficial de Migraciones, a la par que se venden las mismas en redes sociales.
Por naturaleza, las entidades públicas no tienen incentivos alineados con brindar buenos servicios a sus ciudadanos. Por ello la importancia de contrapesos como Servir, que exige meritocracia, y Fonafe / Ministerios -y también ciudadanos- que deben exigir resultados.
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Al respecto, mientras que en las empresas privadas, los accionistas se preocupan de cuidar la inversión realizada y dar un buen servicio; en las entidades públicas, las preocupaciones son de los políticos, por mantener tarifas bajas que les den votos y pagar favores nombrando personas sin capacidades ni experiencia y contratando proveedores sin velar por su experiencia; y también de trabajadores, de lograr más beneficios y estabilidad, sin importar la calidad del servicio que brindan.
En efecto, los sindicatos de empleados públicos tienen beneficios que van desde sueldos muy elevados hasta puestos heredables, en tanto que los ciudadanos reciben un mal o nulo servicio. La otra cara de la moneda de mayor estabilidad y sueldos no atados a desempeño de empleados públicos es la menor productividad y calidad de servicio que reciben los ciudadanos.
Al respecto, interesantes las reflexiones de hace unas semanas de Paul Romer, Nobel de Economía 2018, quien al participar en el Simposio Minero sugirió prohibir los sindicatos en el sector público. Resaltó que debemos premiar el esfuerzo y sancionar el mal desempeño. Es decir, lo que reciben los empleados públicos debe estar en función de lo que logran para los ciudadanos, y no de su capacidad de presión / negociación a través de sus sindicatos.
Con el gobierno de Perú Libre (Castillo + Boluarte), el Estado ha pasado a estar cada vez más al servicio de sus trabajadores y políticos, y menos de sus ciudadanos.
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En efecto, la estabilidad laboral casi absoluta, las contrataciones sin requisitos y la eliminación de las evaluaciones han avanzado en los últimos años, teniendo como reverso de la moneda la mayor ineficacia de las instituciones públicas. O lo que es equivalente, la desatención de la ciudadanía, principalmente de la que más depende del Estado para atender sus necesidades básicas.
Lo que vemos y percibimos en la gestión pública de aeropuertos, pasaportes y agua es solo la punta del iceberg; en salud y educación la situación es similar, con costos elevadísimos para las familias que dependen de sus servicios para el bienestar y progreso de sus hijos.
Este gobierno será recordado por frenar el crecimiento, aumentar la pobreza y deteriorar los servicios públicos. No lo olvidemos, la menor meritocracia en los trabajadores públicos equivale a peores servicios para los ciudadanos, en particular los más vulnerables. Muy lamentable.
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