Veinte años de una CPI lenta, centrada en África y ahora en Ucrania

La Corte Penal Internacional (CPI) empezó hace 20 años a perseguir desde La Haya los crímenes internacionales más graves, un aniversario que llega este viernes marcado por la guerra en Ucrania y los llamamientos a la reflexión para agilizar los procesos para “tener un impacto en la vida real” de las víctimas.

Si algo caracteriza la justicia internacional es su lentitud: en dos décadas solo emitió cinco condenas por crímenes de guerra y de lesa humanidad, todas entre el 2012 y 2021. Pero las críticas en los últimos años también se centraron en que la CPI solo logró perseguir atrocidades cometidas en África: Uganda, República Democrática del Congo y Malí.

Además, los 47 sospechosos que tiene en la mira son africanos. Este jueves, emitió por primera vez en dos décadas órdenes de arrestos contra tres sospechosos de otro continente: tres mandatarios de Osetia del Sur sospechosos de haber cometido crímenes de guerra durante el conflicto que azotó esta república separatista georgiana en agosto del 2008.

Tras la adopción del Estatuto de Roma en 1998, la CPI se estableció en el 2002 como tribunal de último recurso e institución permanente para perseguir crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, y, desde el 2018, el crimen de agresión.

“Fue un logro tremendo. Era un reconocimiento a que el Estado de derecho existe para brindar protección, especialmente a los más vulnerables, y para garantizar la rendición de cuentas de personas que jueces independientes declararon culpables”, señaló este viernes Karim Khan, fiscal de la CPI.

Sin embargo, subrayó que este es “también un momento para hacer una pausa, reflexionar y tratar de refrescar el proceso de justicia internacional”, puesto que, admitió, la CPI “debe tener un impacto en la vida real de las personas”, “trabajar más cerca de las comunidades afectadas”, e intentar “agilizar y mejorar la calidad de la impartición de la justicia”.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la CPI no es un tribunal de Naciones Unidas y depende mayormente de la cooperación de sus miembros. Un total de 123 países han ratificado el tratado fundacional, y entre ellos no están, por ejemplo, Estados Unidos o Israel, afectados por investigaciones relativas a Afganistán y Palestina, respectivamente.

La CPI puede procesar a nacionales de países que no han ratificado el Estatuto si cometen delitos de su jurisdicción en el territorio de uno de los Estados miembros, pero solo si se trata de genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. Solo tiene jurisdicción sobre la agresión, como la cometida por Rusia contra Ucrania el 24 de febrero, si ambos países son miembros, lo cual no es este caso.

En el 2014 y 2015, Kiev hizo dos declaraciones en las que aceptó la jurisdicción de la CPI para “identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 febrero del 2014″. Esto, y una remisión del caso por decenas de países, permitió a Khan abrir una investigación por presuntos crímenes internacionales en Ucrania.

En una entrevista con Efe, la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, aseguró que se han identificado más de 15,000 presuntos crímenes de guerra, incluidos de carácter sexual, con violaciones “de militares rusos a mujeres, niños, hombres y ancianas” en Ucrania, y calculó que se cometen unos “200 a 300 crímenes de guerra al día” desde febrero.

Con inversiones adicionales por parte de los Estados y una cooperación sin precedentes con Khan, la investigación de la guerra en Ucrania está suponiendo un impulso a la popularidad de la CPI, después de varios años de escepticismo sobre su funcionamiento.

Las controversias se han centrado estos años en una serie de absoluciones por errores, y retrocesos en las investigaciones por falta de cooperación de grandes potencias, lo que llevó a varios países africanos a retirarse del tribunal entre acusaciones de racismo.

A modo de ejemplo, la investigación por crímenes en Afganistán ha sido problemática por un fuerte rechazo de Estados Unidos, y el exvicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba pasó una década en prisión para ser finalmente absuelto por delitos cometidos por su milicia en la República Centroafricana.

Peter Lewis, secretario de la CPI, aseguró hoy que “la corte está más ocupada que nunca, lidiando con crímenes que conmocionan la conciencia del mundo” y subrayó que el “apoyo” de Estados miembros, organizaciones internacionales y la sociedad civil es “más importante que nunca” con los nuevos retos.

“Si trabajamos de manera colectiva, estoy seguro de que la justicia internacional puede avanzar y en los próximos 20 años podremos ver el mundo mejor de lo que es para muchos de nuestros hermanos y hermanas hoy”, concluyó Khan.