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La Comisión Europea (CE) evaluará en primavera boreal si sigue adelante con su plan de reactivar las normas europeas de disciplina fiscal en el 2023, ya que espera que la invasión rusa de Ucrania ralentice su recuperación económica tras la pandemia, si bien no prevé que la haga “descarrilar”.
El Ejecutivo comunitario presentó este miércoles sus directrices preliminares de política presupuestaria para los países de la Unión Europea (UE) de cara al 2023, en las que aboga por iniciar un “ajuste fiscal gradual” para garantizar la sostenibilidad de una deuda que se disparó por el COVID-19, pero advierte de que las políticas tendrán que adaptarse a la “incierta” situación económica.
Si bien es pronto para anticipar el impacto que tendrá la invasión rusa de Ucrania sobre la UE, que ha sancionado económicamente a Moscú, “el ataque probablemente impactará el crecimiento negativamente”, avanzó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en la presentación del documento.
Entre los factores de riesgo citó el impacto sobre los mercados financieros, cuellos de botella en las cadenas de suministro “más persistentes”, la presión sobre los precios de la energía y el impacto sobre la confianza de los consumidores.
“Esta combinación de factores y riesgo probablemente pesarán de forma significativa sobre la expansión económica en la UE, pero sin hacerla descarrilar”, dijo Gentiloni, en referencia a un crecimiento que Bruselas estimó en el 4% para este año a principios de febrero.
Con esas previsiones en la mano, Bruselas tenía previsto dejar de aplicar el año próximo la cláusula de salvaguarda por la que en el 2020 se congelaron las reglas de control del déficit y la deuda para permitir responder con un ingente gasto público a la pandemia, pero la situación en Ucrania podría obligar a reconsiderar la estrategia.
“Dada la incertidumbre actual, volveremos a evaluar la desactivación prevista de la cláusula de salvaguarda en el 2023″, señaló Gentiloni, quien añadió que este análisis se llevará a cabo basándose en las previsiones económicas de primavera que publica la Comisión en mayo para ver el impacto económico de la crisis.
“Inevitablemente, nuestras sanciones (a Moscú) tendrán implicaciones negativas para la economía, pero es un precio que merece la pena pagar para defender la democracia y la paz”, añadió el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.
Con este telón de fondo, las directrices publicadas hoy por el Ejecutivo comunitario llaman a seguir coordinando estrechamente las políticas fiscales de los Veintisiete en el 2023 y a garantizar la sostenibilidad de la deuda a través de un ajuste fiscal “gradual”, combinado con inversiones y reformas que promuevan el crecimiento sostenible.
Las estrategias fiscales, apunta la Comisión, deberían tener en cuenta el apoyo que recibirán los Estados del fondo de recuperación pospandemia de 800,000 millones de euros y ser diferenciadas en función de la situación de cada país.
Los Estados miembros altamente endeudados “deberían comenzar una reducción gradual de deuda”, limitando el aumento del gasto y acometiendo en el 2023 un ajuste fiscal, sin tener en cuenta las contribuciones del fondo de recuperación u otras transferencias de la UE, dice la Comisión.
El ajuste no es tan urgente para aquellos con niveles medios o bajos de deuda, a los que Bruselas recomienda reforzar las inversiones para la transición ecológica y digital, teniendo una posición fiscal “neutra”.
La Comisión advierte, en todo caso, de que “una consolidación demasiado abrupta podría impactar negativamente el crecimiento” y llama a financiar también con los presupuestos nacionales inversiones “de alta calidad” favorables al crecimiento.
Estas recomendaciones se irán adaptando según evolucione la situación y, a más tardar, en mayo de cara a que los Gobiernos vayan preparando sus presupuestos para el 2023.
En paralelo, la Comisión continúa trabajando en la reforma de las normas fiscales con el objetivo de alcanzar un consenso entre los Veintisiete antes del año próximo.
