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El Parlamento Europeo aprobó hoy una ley pionera para evitar que las importaciones en la Unión Europea de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate causen la deforestación en terceros países.
“El daño de la deforestación va más allá que la pérdida de árboles: afecta a ecosistemas enteros, perturba el ciclo del agua, contribuye al cambio climático y amenaza el modo de vida de millones de personas”, declaró el comisario de Medioambiente, Virginius Sinkevicius, después de que la Eurocámara validase el reglamento por 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones.
La nueva normativa, que aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la UE, pretende abordar el problema que supone la pérdida de masas forestales, ya que cada año se destruyen en el mundo 10 millones de hectáreas de bosques, según datos de la ONU, lo que equivale a un territorio más amplio que Portugal.
Se calcula que entre 1990 y 2020 el planeta ha perdido una superficie forestal equivalente al territorio que ocupa la Unión Europea, y el consumo dentro de la UE es responsable del 10 % de esa forma de degradación medioambiental que implica pérdida de biodiversidad y acelera la crisis climática, según datos del Consejo de la UE.
La nueva ley comunitaria abarca al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos los productos que contengan, hayan sido alimentados o se hayan fabricado con estos, como el cuero, el chocolate o los muebles, así como el carbón vegetal, productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.
Rastreo, controles y sanciones
Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la Unión Europea tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen respecto a los valores existentes a fecha del 31 de diciembre de 2020.
Esto incluye no solo la deforestación, sino también la degradación forestal que supone la transformación de bosques primarios en bosques plantados.
Las compañías tendrán que aportar a las autoridades competentes en la UE información sobre sus importaciones, tales como las coordenadas de geolocalización de la producción, y estarán sujetas a inspecciones y controles que podrán ir desde los análisis de ADN hasta la vigilancia vía satélite.
Transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor del reglamento, hacia finales de 2024, la Comisión elaborará una clasificación de los países de origen de los productos según presenten un riesgo bajo, medio o alto, que determinará la frecuencia de los controles.
En el caso de los países de alto riesgo, los Estados miembros de la UE tendrán obligación de verificar el 9 % de las importaciones.
Las sanciones por incumplimiento podrán llegar hasta el 4% de la facturación total en la UE de las empresas que incumplan la normativa.
Los importadores tendrán que asegurarse además de que en el proceso de obtención y elaboración de esas materias primas y productos derivados se respetan los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Un año después de la entrada en vigor de la normativa, a más tardar, la Comisión Europea evaluará si el reglamento debe extenderse también a otras tierras boscosas con menos densidad arbórea (como El Cerrado de Brasil o El Chaco de Argentina).
Y antes de dos años Bruselas estudiará si debe de ampliarse a otros ecosistemas y materias primas como el maíz o la carne de cerdo, cabra, oveja y aves de corral.
Escena internacional
La normativa podría afectar al desarrollo del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmado en 2019 tras veinte años de negociación pero bloqueado sin ser ratificado aún.
Francia, una de las grandes potencias agrícolas de la UE y tradicionalmente opuesta al acuerdo, teme que el aumento de intercambios con esos países latinoamericanos que exportan productos agrícolas genere más deforestación, como auguran varias plataformas ecologistas.
Según la ONG medioambientalista Greenpeace, si China, la India, Estados Unidos y Japón aprobasen medidas similares a la normativa adoptada por la UE se podría acabar con el 75% de la deforestación mundial.
Fuente: EFE
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