La Comisión Europea propuso este martes regular en la Unión Europea las agencias de calificación que ponen nota a las empresas en función de su desempeño en materia medioambiental, social y de gobernanza para evitar conflictos de interés y multar con hasta un 10 % de su facturación anual a aquellas que incumplan.
Bruselas propone en concreto que estas agencias tengan que separar el negocio de “rating” medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de otras actividades con las que pueda surgir un conflicto de interés, como servicios de consultoría, la emisión de calificaciones crediticias, el desarrollo de índices de referencia, actividades de inversión, auditoría, banca, seguros o reaseguro.
Además, las agencias que ofrezcan estos servicios en la UE tendrían que recibir autorización para operar por parte de la Autoridad de Mercados y Valores (ESMA), que se encargará también de supervisar sus actividades.
“Este área ahora está completamente desregulada y es muy difícil comparar información entre las agencias de ‘rating’ e interpretar qué significan. No tenemos claridad sobre cómo se llega a estas calificaciones o qué miden y paree haber problemas de conflictos de interés”, explicó la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en una rueda de prensa.
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El reglamento propuesto busca hacer estos “ratings” más “transparentes, comparables y fiables” y asegurar que las calificaciones son “independientes, objetivas y de calidad”.
En los últimos años ha florecido el negocio de las agencias que evalúan a las empresas en función del impacto medioambiental y climático de sus actividades; su actividad social, como la relación con empleados y consumidores; o su gobernanza, que incluye su política de dirección o los sistemas de auditoría y control, por ejemplo.
La idea detrás de la evaluación de los criterios ESG es identificar aquellas compañías con buenas prácticas para orientar a los inversores que quieran poner su dinero en empresas responsables en estos ámbitos, pero su rápido crecimiento sin regulación específica ha generado el temor de que algunas compañías estén exagerado sus credenciales en materia de sostenibilidad y llevando a cabo lo que se conoce como “blanqueo ecológico”.
Para paliarlo, Bruselas plantea que las agencias tengan que publicar información sobre sus metodologías, modelos y supuestos al hacer las clasificaciones que usan para cada producto o actividad y, aunque no apuesta por armonizarlas, llama a que las metodologías sean “rigurosas, sistemáticas, objetivas y sujetas a validación” y sean revisadas al menos una vez al año.
Cuando la ESMA detecte que una agencia ha incumplido las reglas, podrá imponer una multa de hasta el 10% de la facturación anual de la compañía. También puede optar por imponer una multa diaria durante un máximo de seis meses equivalente a un 3% de la facturación diaria del año anterior.
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La Comisión prevé normas específicas para los proveedores más pequeños con el fin de que sean “proporcionadas y la ESMA podrá decidir eximirles de ciertos requisitos en materia de organización del negocio”.
En 2021, los fondos de inversión a nivel global gestionaron US$ 18.4 billones en activos calificados como ESG y se prevé que para 2026 aumenten hasta los US$ 33.9 billones, por encima del mercado en general, y que el incremento en Europa sea del 53% hasta los US$ 19.6 billones, según datos de la consultora PWC.
La propuesta, que aún debe ser negociada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo y puede ser enmendada, es la más novedosa dentro de un paquete más amplio de medidas sobre finanzas sostenibles presentado hoy.
Este incluye además una recomendación a los países - no vinculante- sobre como usar las normas existentes en el bloque para facilitar financiación a las actividades de transición, es decir, aquellas que aún no son sostenibles pero van camino de serlo, así como actos delegados -normas de aplicación directa- que completan la lista de actividades “verdes” de la UE, conocida como “taxonomía”.
Fuente: EFE
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