Bernardo Arévalo nunca tuvo asegurada su investidura el domingo como presidente de Guatemala. Durante meses enfrentó una arremetida judicial atribuida a la poderosa élite económica y política del país con un propósito: perpetuar la corrupción.
Ejecutada por la Fiscalía, la ofensiva buscó retirarle su inmunidad, logró la suspensión de su partido Semilla y trató de anular los resultados de los comicios por presuntas anomalías electorales.
Arévalo asegura que fue una “intentona golpista” motivada por su promesa de perseguir a los corruptos, con la que, contra todo pronóstico, ganó holgadamente en segunda vuelta en agosto.
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Analistas y activistas humanitarios señalan tres claves para entender la magnitud del problema:
Una élite “depredadora”
Heredera de la oligarquía que surgió en la época colonial, la élite guatemalteca es considerada de las más “depredadoras” del continente, aseguró a la AFP el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, exiliado en Washington.
Con 60% de sus 17,8 millones de habitantes en pobreza, Guatemala tiene una desigualdad de “las más altas de América Latina, con una población desatendida, mayoritariamente rural e indígena y empleada en el sector informal”, reseñó en octubre un reporte del Banco Mundial.
Según un informe de Oxfam Internacional de 2019, el 1% de los más ricos en Guatemala “tiene los mismos ingresos que la mitad de la población”.
En Guatemala, con una alta concentración de tierras fértiles en pocas manos, las familias más poderosas, como los Castillo, los Bosch, los Novella o los Herrera, son dueños de ingenios, cafetales, cervecerías, inmobiliarias, negocios bancarios.
“Es una élite depredadora, corresponsable de la corrupción galopante de los últimos gobiernos y de la migración porque los salarios de hambre expulsan a los guatemaltecos del país”, comentó Rodas.
El Estado, para esa élite, no “es para lograr el bien común, sino para enriquecerse, sin saciar su voracidad”, agregó el exprocurador (2017-2022).
“Se apoyan entre ellos porque quieren un Estado que no cobre impuestos ni aplique normas laborales o ambientales”, agregó Manfredo Marroquín, cofundador de Acción Ciudadana, versión local de Transparencia Internacional.
La “dictadura corporativa”
Creado en 1957, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), reúne a la cúpula empresarial conservadora. “Es el poder real que rige los destinos del país”, dijo a AFP Carmen Aída Ibarra, del movimiento ciudadano ProJusticia.
Con un Estado debilitado por la guerra civil (1960-1996), las élites económicas, políticas y militares tejieron, según los analistas, un entramado de corrupción de tales dimensiones que llevó a la ONU a involucrarse directamente con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instalada en 2007.
En 2015 la Cicig y la fiscalía descubrieron una red de sobornos que involucró al entonces presidente Otto Pérez, quien debió dimitir y fue a prisión, de la que salió hace poco con una fianza.
También señalaron a partidos políticos de financiamiento ilícito en las elecciones de 2015 con dinero de grandes empresarios y del crimen organizado, salpicando al sucesor de Pérez, Jimmy Morales.
Los congresistas aprobaron en 2017 reformas que buscaban blindar a los líderes políticos de esas acusaciones, desatando protestas que los obligaron a retractarse. Los manifestantes bautizaron eso como el “pacto de corruptos”.
“Es la confabulación de políticos, funcionarios y varios empresarios de la élite con una intención perversa de perpetuarse en el poder como una dictadura corporativa, que no tiene que ver con lo ideológico”, explicó Rodas.
El reino de la impunidad
Morales expulsó a la Cicig en 2019 y nombró como nueva fiscal general a Consuelo Porras, quien fue ratificada en su cargo por el actual presidente saliente Alejandro Giammattei, señalado por la anterior fiscalía en un caso de sobornos que no prosperó.
Porras, sancionada por Washington por considerarla corrupta, es señalada de liderar la persecución penal contra Arévalo.
Con la Cicig fuera, dijo a AFP la exfiscal Claudia Paz y Paz, exiliada en Costa Rica, “se cooptaron” Cortes, Fiscalía, Congreso, Ejecutivo, Contraloría “colocando funcionarios que en alianza con parte de la élite económica” actúan para “garantizar la impunidad”.
“Pusieron sicarios judiciales que arman casos contra periodistas o funcionarios que denuncian corrupción. Tienen diputados que aprueban leyes bajo soborno, y fiscales que son la herramienta de persecución”, afirmó Marroquín.
Según Edie Cux, director de Acción Ciudadana, “varios de estos grupos de poder tradicionales incluso tienen vínculos con el crimen organizado”.
De 180 países, Guatemala ocupa el puesto 150 (de menos a más) en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional.
Para Marroquín, la “agenda” de la élite es “clara”: “seguir en un Estado de total corrupción e impunidad, que es el aceite que engrana todo el sistema político y económico del país”.
“Es un monstruo de mil cabezas”, ilustró Rodas.
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