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La inflación, el alto costo de vida y la falta de acceso a servicios sociales, así como las crecientes tensiones políticas en América Latina socavan la gobernabilidad y agravan el riesgo crediticio, alertó este lunes la agencia de calificación Moody’s en un informe.
Desde Argentina, pasando por Chile, Brasil, Colombia, Perú o México, los riesgos sociopolíticos se han vuelto cada vez más “prominentes” y retroalimentan el “descontento social” y las “tensiones políticas” repercutiendo en las inversiones y en la confianza de los inversores, dice la agencia de calificación que estudia a los países más grandes de la región.
La pandemia de COVID, sumado a la alta inflación y al menor crecimiento en América Latina hizo que los “gobiernos tengan menos recursos para enfrentar los problemas sociales que se han vuelto más graves”, dice Ariane Ortíz-Bollin, vicepresidenta de la agencia y coautora del informe.
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“La novedad de este reporte es que estamos buscando ligar los riesgos políticos con las puntuaciones que utilizamos para leer los riesgos sociales en la balanza” que publica Moody’s para que los “inversionistas sepan qué hay detrás de esas puntuaciones”, explica.
El informe señala “cuatro canales de transmisión”: los riesgos de gobernabilidad, los cambios de política económica, el desempeño económico y la volatilidad financiera, que han “evolucionado hasta convertirse en factores más importantes de riesgos crediticios”, asegura Ortíz-Bollín.
Aunque el acceso limitado a los servicios básicos y la desigual cobertura de la educación, la sanidad y las oportunidades laborales son problemas comunes a muchos mercados emergentes, América Latina destaca por la “desigualdad de ingresos”, que puede “complicar el diseño y la implementación de políticas públicas”.
La corrupción y la debilidad de las instituciones también puede asociarse a mayores riesgos sociales, advierten los autores.
Moody’s que no puede hacer recomendaciones pero sí resaltar los riesgos para los inversores, señala de Brasil que los cambios de políticas “podrían derivar en la intervención del gobierno en las empresas estatales y los bancos gubernamentales”.
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En Chile, los riesgos sociales son “moderadamente negativos”. “A medida que el gobierno busca abordar las demandas sociales de una mejor calidad y cobertura de servicios, los sectores más expuestos a los cambios de políticas incluyen bancos, empresas mineras y proyectos de energía”.
En Colombia, la “ambiciosa” agenda de reformas del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, “intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”.
En el caso de México, los cambios en la política energética “han frenado la inversión privada en el sector, particularmente en energías renovables” y empresas públicas como CEMEX y CE ha aumentado la dependencia del apoyo recurrente del gobierno.
Las preocupaciones por la violencia y la seguridad también limitan el crecimiento económico y de la inversión en México.
En Perú, un resurgimiento de las protestas sociales crearía riesgos de gobernabilidad, lo que representaría una amenaza para emisores soberanos, bancarios, turísticos y minoristas, advierte el informe.
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