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La Cancillería de Bolivia dijo que “no acepta” las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y de la Unión Europea (UE) sobre el juicio a la expresidenta interina Jeanine Áñez, y las calificó como una “posición colonial inaceptable”.
La Cancillería manifestó que las declaraciones “tergiversan y desnaturalizan” los pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Oacnudh) y el informe del relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, sobre el proceso a Áñez.
Además, reiteró en un comunicado que Áñez llegó a la Presidencia por una “autoproclamación” y afirmó que el pronunciamiento del gobierno de Reino Unido y de la UE “no coinciden con una relación de respeto mutuo”.
En la víspera, el Reino Unido manifestó “compartir” las “preocupaciones procedimentales” señaladas por la Oacnudh y del relator de la ONU “sobre la posible intervención política en el proceso judicial”.
La UE aseguró este sábado que el sistema judicial de Bolivia tiene “deficiencias estructurales”, después de que la expresidenta transitoria fuera condenada a diez años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”.
Un portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló que según las observaciones preliminares de la Oacnudh en Bolivia el juicio “no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez”.
Por su parte, García-Sayán, quien visitó Bolivia en febrero a invitación del gobierno, dijo en un informe que se “pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva esto no puede tener ninguna excepción”.
La semana pasada García también publicó varios tuits en los que señaló que le preocupaba lo “revelado” por el expresidente Evo Morales sobre una “reunión política” entre líderes del gobierno y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en la que habrían acordado que Áñez “sea sometida a un proceso ordinario” y advirtió una “posible intervención del poder político”.
Al respecto, la Cancillería boliviana mencionó que los comentarios del relator “representan un exceso de su parte” ya que el proceso de responsabilidades al que hace mención “está actualmente” en el Parlamento.
La Cancillería boliviana se refirió también a su “más amplia predisposición” para que se realicen las observaciones al proceso contra Áñez “sin que aquello implique, bajo ningún concepto, la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana”.
El pasado 11 de junio, Áñez fue condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en el marco del caso “golpe de Estado II”, que derivó del proceso “golpe de Estado I” en el que se le acusa de terrorismo y conspiración por la crisis del 2019.
Ambos casos han sido alentados por la vía ordinaria y no mediante un proceso especial de responsabilidades, con los que se consiguió además que esté presa preventivamente desde marzo del año pasado hasta el inicio del juicio, casi un año después.
La Fiscalía y el gobierno en sus acusaciones consideraron que Áñez se proclamó presidenta tras vulnerar los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados, y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador del MAS.
La defensa de la exmandataria interina argumentó que hubo en realidad un vacío de poder tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Legislativo, todos en línea de sucesión presidencial.