Por Joy Ziegeweid
Los estadounidenses dicen sin chistar que quieren acoger a los ucranianos que huyen de una invasión rusa que ha desplazado a millones, arrasado ciudades enteras y horrorizado al mundo. Sin embargo, hay un obstáculo en el sistema de inmigración de Estados Unidos: es difícil argumentar que los ucranianos sí deberían recibir un trato “especial” cuando tantos otros solicitantes de asilo igualmente desesperados, en su mayoría de raza no blanca, han sido rechazados, encarcelados en condiciones inhumanas o tienen procesos que están atrapados en interminables atrasos.
¿La solución? Estados Unidos debe reformar con urgencia su sistema de inmigración, para que brindar refugio y autorización de trabajo a los migrantes más vulnerables de manera rápida y eficiente se convierta en la norma, no en algo especial.
Cuando comenzó la guerra a fines de febrero, la Unión Europea otorgó rápidamente a los refugiados ucranianos permisos para vivir y trabajar por hasta tres años, y desde entonces ha aceptado a más de cinco millones. Sin embargo, el 24 de marzo, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos recibiría tan solo a 100,000 ucranianos, y su Administración aún no ha logrado ni siquiera eso.
Los ucranianos desplazados por la guerra deben lidiar con un sistema de inmigración que apunta a la exclusión. Unos pocos afortunados han ingresado con visas de visitante, una opción que brinda solo seguridad temporal y prohíbe trabajar de manera legal. Miles han viajado a México y se han luego dirigido al cruce fronterizo de Tijuana, donde inicialmente se les prohibió la entrada bajo una ley de salud pública conocida como Título 42 —que todavía se usa para rechazar a migrantes centroamericanos, haitianos y mexicanos— pero luego se les otorgó una exención que permitió que unas 23,000 personas permanecieran en el país bajo libertad condicional humanitaria.
Un nuevo programa llamado “Unión por Ucrania” permitirá la entrada a aquellos que puedan encontrar auspiciadores ubicados en Estados Unidos dispuestos a firmar declaraciones de apoyo financiero, lo que podría abrir el camino para decenas de miles más de “personas en libertad condicional”, pero también brindaría asistencia mínima para el reasentamiento y expondría a las mujeres ucranianas al peligro de la trata de personas y la explotación por parte de auspiciadores sin escrúpulos.
Obtener el permiso de trabajo, esencial para los inmigrantes que buscan cómo mantenerse, es aún más difícil. El desempleo en Estados Unidos está cerca de mínimos históricos, y los ucranianos tienen un alto nivel educativo y están motivados para trabajar, pero la adjudicación de una solicitud de permiso de trabajo puede demorar hasta un año, incluso bajo un programa especial conocido como Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés.
Dichos retrasos llevarán a muchos ucranianos a ubicarse ilegalmente en trabajos poco calificados, arriesgándose a abusos, explotación, denegación de futuras solicitudes de inmigración o incluso procedimientos de deportación. E incluso si las personas en libertad condicional humanitaria obtienen de alguna manera el permiso para trabajar, su estatus seguirá siendo temporal. Si eligen quedarse, es posible que no les quede más remedio que presentar una solicitud a través del sistema de asilo, que actualmente tiene acumulados 430,000 casos en las oficinas de asilo y más de 1.6 millones en los tribunales de inmigración.
Esto no luce bien para una nación autoproclamada de inmigrantes cuyo líder se ha comprometido a ayudar a los ucranianos. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos cumplir su promesa y las promesas a otras personas que huyen de la violencia y la represión? En primer lugar, asegurando que las personas que ingresan bajo libertad condicional humanitaria reciban asistencia inmediata para solicitar una autorización de trabajo y agilizando automáticamente las solicitudes para grupos prioritarios (en este caso, ucranianos).
En segundo lugar, adjudicando rápidamente las solicitudes de TPS. Tercero, aprobando una ley que permita a grupos designados de personas en libertad condicional humanitaria —por ejemplo, ucranianos que huyen de la guerra y afganos que huyen de los talibanes— solicitar la residencia si no pueden regresar a su país de origen al final de su libertad condicional humanitaria.
Es frustrante que se haya necesitado el sufrimiento de ucranianos blancos para llamar la atención sobre las deficiencias del sistema de inmigración de Estados Unidos, pero si el resultado puede ser un trato más humano para todas las personas que huyen de la violencia y la represión, que así sea. Adoptar medidas urgentes para aceptar a más ucranianos en Estados Unidos no solo tiene sentido moral y económico, es un imperativo geopolítico. La avalancha de refugiados ucranianos en Europa (Polonia ya ha aceptado a más de 3 millones, o casi el 10% de su población) amenaza con avivar el sentimiento antiinmigrante que podría socavar la alianza occidental en apoyo a Ucrania. Y eso, a su vez, podría afectar el resultado de la guerra misma.