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Ecuador encara un momento crucial para el futuro de su petróleo, uno de los grandes pilares de su economía, que está en juego con el inédito plebiscito nacional para prohibir la explotación del Bloque 43-ITT, yacimiento situado bajo la selva amazónica del Parque Nacional Yasuní, uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad.
De los alrededor de 480.000 barriles de petróleo que produce diariamente Ecuador, unos 55.000 (11 %) provienen del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), que lo hacen el cuarto yacimiento más productivo de Ecuador y con proyecciones a ser eventualmente el primero.
Esto da un beneficio neto al Estado de US$ 1,200 millones al año, de acuerdo a la petrolera estatal Petroecuador, que opera el ITT y que estima reservas y recursos por 282 millones de barriles en el subsuelo, cuyo beneficio neto sería, según la misma empresa, de US$ 13,800 millones en los próximos 20 años.
La consulta popular se celebrará el 20 de agosto, en coincidencia con las elecciones generales extraordinarias, tras una batalla legal de diez años emprendida por el colectivo ambientalista Yasunidos para realizar la votación, luego de reunir más de 757.000 firmas.
La pregunta sentaría un precedente histórico, si bien concierne únicamente al Bloque 43-ITT y no a los Bloques 16 y 31, que también están dentro del Yasuní, pero que no son objeto de esta consulta.
Para Yasunidos, la explotación del ITT no puede seguir ante el riesgo de perturbar ese privilegiado ecosistema, compuesto por más de 2.000 especies de árboles, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.
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Petróleo y naturaleza compatibles, afirma empresa
“Es el campo mejor gestionado desde el punto de vista ambiental”, asevera el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, durante un recorrido a las instalaciones, donde han invertido más de US$ 1,800 millones en su objetivo de hacer compatible ambiente y petróleo.
“No se puede operar sin una perfecta armonía con el medio ambiente y las comunidades”, reitera antes de resaltar que, a diferencia de otros campos, aquí no hay “mecheros” (quemadores) de gas, que es aprovechado para generar electricidad.
Con la premisa de ocupar el mínimo espacio posible, las instalaciones y caminos abiertos en la selva ocupan en total 80 hectáreas, menos del 0,01 % de la superficie del Parque Nacional.
Esto se logró con la perforación en racimo, donde se los pozos parten de un mismo lugar hacia diferentes direcciones, sin necesidad de abarcar una gran extensión, como explica desde la plataforma Tambococha B el gerente de Activo del ITT, Walter Paredes.
“Aquí tenemos 21 pozos en 3,2 hectáreas”, enfatiza el ingeniero, algo que con la tecnología de antes habría requerido 31,5 hectáreas. De esa forma funcionan 225 pozos en once plataformas.
A ello se suman las salvaguardas ambientales, como caminos estrechos que sortean árboles de gran importancia y que cuenta con pasos para facilitar el tránsito de animales de un lado a otro.
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Sin derrames a la naturaleza
Desde que comenzó la producción del ITT, Petroecuador ha reconocido veintiséis incidentes, fugas muy pequeñas que nunca llegaron al entorno natural.
“Nunca he visto aquí ‘regaderos’ (derrames)”, incide Panenky Ohe Huabe, presidente de la comunidad indígena de Kawymeno, la única de etnia waorani de las siete que habitan en el ITT y que quiere que siga la explotación, al ver en ella una fuente de empleo y de servicios básicos.
Su posición difiere de los líderes de la nacionalidad waorani, que piden unidad para que cese la extracción de crudo.
Los promotores de la consulta también temen afectaciones a los tagaeri y taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya zona intangible limita con el ITT, pero desde Petroecuador -que cuenta con un protocolo en caso de encontrarse con ellos- señalan que hasta ahora no ha habido avistamientos ni contactos de estos grupos, que viven en la profundidad de la selva.
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Una decisión muy costosa
De ganar el “Sí”, Petroecuador deberá marcharse en el plazo de un año, algo que Paredes ve “prácticamente imposible”. “Demandará entre tres y cinco años”, indica el ingeniero, pues la normativa exige poner tres tapones de cemento a cada pozo, quitar todo y reforestar.
El perjuicio para el Estado calculado por la compañía será de US$ 16,470 millones, entre la rentabilidad del petróleo que falta por extraer, el desmantelamiento de los campos e indemnizaciones diversas, lo que Yasunidos cree que puede compensarse si se sube un 1.5 % el impuesto a la renta de los más ricos.
La preocupación crece entre los expertos al advertir que no hay ningún otro campo listo para reemplazar la producción del ITT, mientras apuntan a que el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se quedaría sin su principal suministrador y con riesgo de no alcanzar la cantidad mínima para funcionar a diario.
“Sabemos que la transición energética tiene que darse, pero no podemos hacerla en un día y cerrar un campo en medio de la situación del país, porque de aquí también salen los recursos del Estado para invertir en la transición”, concluye Correa.
Fuente: EFE
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