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El peso chileno cayó a un mínimo histórico después de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunciara reformas a la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, en un intento por apaciguar tres semanas de protestas masivas.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo el anuncio el domingo tras una reunión de la coalición gobernante. La constitución debería ser redactada sobre la base de “un congreso constituyente” y luego ratificada a través de un plebiscito, dijo el ministro, sin dar más detalles.
“Nosotros, como gobierno, vamos a enviar nuestra propuesta para el mecanismo de cambio constitucional en los próximos días”, dijo Blumel a Canal 13. La nueva constitución se redactaría dentro de “uno o dos años”.
De esta manera, el gobierno de Chile responde a los peores disturbios civiles desde el restablecimiento de la democracia en 1990. Las protestas diarias por el aumento del costo de la vida y la desigualdad en la nación más rica de América del Sur a menudo se tornan violentas, con 20 personas fallecidas y miles de heridos hasta la fecha. Uno de los principales objetivos de los manifestantes apunta a modificar la constitución.
“La apuesta desde el gobierno y la derecha es una concesión bastante fuerte. La derecha nunca la había querido considerar”, dijo Robert Funk, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chile. “Puede causar una división entre los grupos más violentos, que exigen nada menos que la renuncia de Piñera, y la clase media que tiene sus propias demandas”.
El peso cerró 1.7% más bajo a 760.43 por dólar, una cifra récord, según datos compilados por Bloomberg. El mínimo anterior de 759.75 se estableció hace 17 años en octubre del 2002.
Baluarte del mercado
Redactada bajo la dictadura de Pinochet, muchos consideran la constitución actual como la base de un sistema económico que privatizó las pensiones y gran parte de la atención médica y la educación, uno de los reclamos principales de los manifestantes. También consagró las salvaguardas legales a la propiedad privada que están detrás de la privatización del agua en Chile, un tema controvertido en un país que lucha contra graves sequías.
El hecho de que las leyes redactadas durante uno de los períodos más autoritarios del país permanezcan vigentes siempre ha sido motivo de controversia. Según una encuesta de Cadem realizada entre el 6 y el 8 de noviembre, el 78% de las personas consultadas estaban a favor de establecer una nueva constitución.
La coalición gobernante dijo que el anuncio de ayer debería ayudar a restaurar la calma en las calles.
“Necesitamos que no hayan excusas para reponer el orden público en el país”, dijo Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del partido de derecha Unión Demócrata Independiente. “Ahora sentémonos a conversar”, dijo en una entrevista con Radio Pauta.
No tan rápido
Sin embargo, no será fácil integrar a los manifestantes. La falta de apoyo a la clase política, una de las caras de la división política, podría socavar la credibilidad del proceso, según José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista de la oposición.
“Si alguien piensa que el Congreso que actualmente existe puede escribir una nueva constitución podría estar engañándose a sí mismo”, dijo Insulza en una entrevista radial con Pauta. “Probablemente no tendría una legitimidad suficiente”.
El mercado pareció reaccionar negativamente al anuncio. El peso fue la moneda de peor desempeño en los mercados emergentes hoy con una caída de 1.5% a las 12:57 p.m. en Santiago, mientras que el índice de referencia S&P IPSA cayó 1.1%.
Inversiones La Construcción SA, un holding financiero con participaciones en fondos de pensiones y seguros de salud, lideró las pérdidas hoy con una caída del 7.2%. Sus acciones han caído un 34% desde que comenzaron los disturbios el 18 de octubre.
Alrededor de US$ 23,000 millones en capitalización bursátil de acciones en el S&P IPSA han sido eliminados desde que comenzaron los disturbios.
