La ganadería ilegal en América Latina está teniendo un impacto devastador para el medioambiente, la biodiversidad, la salud pública y las comunidades indígenas locales, advirtieron esta semana varios expertos durante una conferencia de Naciones Unidas en Viena. “En Latinoamérica, casi todos los bosques están amenazados por la ganadería ilegal. En la Amazonía, representa el 70% de la deforestación y en Centroamérica el 90 %”, explicó en Viena Jeremy Radachowsky, director regional de la ONG medioambiental WCS.
Los bosques de La Mosquitia, en Honduras y Nicaragua, y la Selva Maya, que abarca partes de Guatemala y México, son dos de las áreas más afectadas, agregó el experto estadounidense durante la 12ª sesión de la conferencia sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés).
Según WCS (Wildlife Conservation Society), estas actividades ilegales suelen estar vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
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El ganado criado en condiciones ilegales supone además una grave amenaza para la salud pública, ya que su tráfico sin controles fronterizos facilita la propagación de enfermedades y parásitos, como el gusano barrenador del ganado, erradicado en la región hace tres décadas pero que ha resurgido este año.
“Esta plaga, que afecta tanto a animales como a humanos, ya ha llegado hasta Honduras y podría expandirse rápidamente a Guatemala y México si no se toman medidas urgentes”, avisó por su parte Kurt Duchez, experto en delitos contra el medioambiente en WCS.
Controlar esta plaga le costó a las autoridades de Estados Unidos más de US$ 800 millones en los años 1990, por lo que es esencial actuar de forma preventiva para evitar una crisis sanitaria a gran escala, precisó el experto guatemalteco.
Parte de la carne del ganado ilegal se vende sin cumplir las normas sanitarias, poniendo en riesgo a los consumidores en países como Estados Unidos y México, donde los compradores no saben si es carne ‘limpia’ o si es carne vinculada a la deforestación, a conflictos sociales y la violencia.
Por eso, Duchez destacó la importancia de mejorar y garantizar la trazabilidad del ganado desde su origen hasta su exportación.
“Centroamérica cuenta con un sistema de trazabilidad que no ha sido completamente implementado por los países. Hay que aplicarlo y hay que hacerlo funcional”, declaró.
“Si los países consumidores exigieran que la trazabilidad sea real, podríamos prevenir que la ganadería ilegal ingrese a los mercados internacionales”, señaló el guatemalteco.
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El impacto sobre las comunidades indígenas locales también es devastador: en regiones como la Amazonia (Brasil) y La Mosquitia (Honduras), los colonos ilegales han establecido ranchos ganaderos, lo que ha provocado desplazamientos y violencia contra la población local y también contra los defensores del medioambiente.
Estos territorios, habitados durante siglos por comunidades indígenas, enfrentan ahora una seria crisis humanitaria debido a la ganadería ilegal.
Marcia Monico López, líder comunitaria y representante del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Honduras, describió a EFE la situación crítica que afrontan. “La mayor parte de las personas que viven en esas comunidades, vivían de las tierras y de las lagunas, sembraban, cultivaban y pescaban”, contó.
Pero los colonos ilegales se han adueñado de la mayor parte de las tierras, por lo que la gente local ya no puede acceder a ellas. “Tienen que estar a kilómetros de distancia; la Laguna ya tiene dueño, las tierras ya tienen dueño”, denunció la líder comunitaria.
Según Monico López, la mayor parte de las personas de estas zonas ya no tienen cómo sobrevivir, se ven forzados a irse de ahí y buscar otro espacio en la ciudad o en el país para poder sobrevivir, “porque en su propio pueblo ya no pueden vivir”.
Entre las soluciones propuestas esta semana ante los delegados reunidos en la conferencia de la ONU, Radachowsky remarcó su llamamiento a tratar la ganadería ilegal como un “delito organizado transnacional” y subrayó al mismo tiempo la necesidad de reforzar las medidas de seguridad fronteriza en la zona.
“Es crucial que los gobiernos de la región refuercen las fronteras y adopten un enfoque coordinado para erradicar esta actividad”, afirmó.
“La aplicación de la ley y la justicia, junto con el apoyo a los pueblos indígenas y comunidades locales, son clave para abordar el problema”, aseguró el director regional de WCS.
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