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La OCDE, la ONU y el Banco Mundial (BM) pidieron un "cambio radical" en la financiación de la acción climática, haciendo énfasis en el área de infraestructura, y alertaron de que, en materia de medioambiente, "el cambio está ocurriendo, pero demasiado lento".
Con motivo de la cumbre del G20 en Buenos Aires que comenzará este viernes, las instituciones publicaron el informe "Financiando futuros climáticos: Repensando la infraestructura", dirigido al grupo de los principales con más peso global, a los que demandaron una "agenda más transformadora en inversiones" medioambientales si quieren cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
El estudio señala que la energía, el transporte, los edificios y la infraestructura de agua contribuyen con más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y llama a integrar las "preocupaciones climáticas" en todas las decisiones presupuestarias y a dirigir en ese sentido las contrataciones públicas.
En concreto, se proponen seis acciones: planificar una infraestructura sostenible, impulsar la innovación para acelerar la transición a tecnologías, modelos de negocios y servicios de bajas emisiones, implementar una fiscalidad para un futuro más sostenible o "restablecer el sistema financiero de acuerdo con los riesgos climáticos a largo plazo y las oportunidades".
Completan la lista de medidas sugeridas repensar la financiación del desarrollo para el clima y "empoderar" a los gobiernos de las ciudades para construir sociedades urbanas bajas en emisiones.
El informe asegura que cambiar la inversión en infraestructura hacia opciones bajas en carbono, "combinada con reformas estructurales", podría aumentar el PIB mundial hasta en 5% para el 2050, debido a menores riesgos de daños por fenómenos meteorológicos extremos y a que el coste de cambiar de infraestructura "marrón a verde" sería "más que compensado" por el ahorro de combustible.
Según la OCDE, los gobiernos gastan medio billón de dólares al año para subsidiar el petróleo, el carbón o el gas y no están haciendo un uso suficiente del gasto público como una "palanca para descarbonizar las economías mediante la inversión en infraestructura e innovación de bajas emisiones"; y los incentivos para realiza cambios más sostenibles "siguen siendo débiles".
Con motivo de esta publicación, la OCDE recordó que, de acuerdo con previos análisis, "el progreso en la reforma del sistema financiero en los últimos cuatro años ha comenzado a entregar financiación para la sostenibilidad y establecer la próxima ola de acción", y que este asunto "se está convirtiendo en parte de la práctica habitual en las instituciones financieras y organismos reguladores".
Sobre el informe, la jefa de personal de la OCDE y líder del organismo para negociaciones del G20, destacó que "invertir en infraestructuras con baja emisión de carbono y resistentes al clima es vital para el futuro del planeta y también puede impulsar el crecimiento económico".
"El desafío de la infraestructura crea incentivos para reformas que pueden ofrecer un mejor desempeño en ambos aspectos. Sin embargo, estamos perdiendo tiempo: si queremos cumplir, necesitamos movernos mucho más rápido y lograr un cambio sistémico de billones de dólares en inversión verde ", declaró Ramos.
