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Las arduas negociaciones de Argentina con acreedores privados para reestructurar bonos por US$ 66,000 millones entraron en tiempo de descuento, cuando resta una semana para que venza el plazo de adhesión a la propuesta de canje sin que hasta el momento asome un entendimiento entre las partes.
Hace dos semanas, el país, hundido en severa crisis económica, formalizó una oferta de canje para bonos emitidos bajo legislación extranjera por US$ 66,239 millones y marcó el 8 de mayo como fecha límite para que los inversores den su conformidad.
De momento, las posiciones -al menos las públicas- de unos y otros lucen irreconciliables: para los acreedores, la oferta es “agresiva” e inadmisible; para el Gobierno de Alberto Fernández, la propuesta es “seria” y el país no tiene posibilidades de ofrecer más.
“Entramos en los últimos días de plazo para tomar una decisión acerca de la aceptación o no de la primera propuesta -y no sabemos aún si es la única- que hizo el Gobierno. Una propuesta que no ha cosechado grandes comentarios positivos en el mercado”, apuntó Santiago Abdala, director de la firma Portfolio Personal Inversiones.
Propuesta argentina
La propuesta de canje lanzada por Argentina incluye un período de gracia de tres años, con lo cual Argentina empezaría a pagar recién en el 2023, con un tasa inicial de 0.5%, que se incrementará paulatinamente hasta un interés promedio de 2.33% y una tasa máxima de 4.875%.
La oferta implica reducir el capital en US$ 3,600 millones, lo que equivale a una quita de 5.4% sobre el stock adeudado, y los intereses en US$ 37,900 millones, lo que equivale a una quita de intereses de 62%.
Argentina ofrece a los acreedores diez nuevos tipos de bonos, en dólares y euros, con vencimiento en el 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.
La oferta fue rechazada por grandes conglomerados de acreedores, entre ellos el denominado “grupo ad hoc”, integrado por poderosos fondos de inversión como Ashmore, BlackRock y Fidelity, que sostuvo que la propuesta busca cargar una parte “desproporcionada” de los esfuerzos que debiera hacer Argentina “sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales”.
Para el economista Guillermo Mondino, director de Mogador Capital, la oferta argentina “es muy poco tentadora”, pero, “con algún esfuerzo, se podría mejorar” para acercar posiciones.
"Si no se hace esto, lo más probable será una aceptación parcial, limitada, de entre 30% y 35%, lo que pondría al Gobierno en una situación muy incómoda", indicó Mondino.
“Road show” virtual
Pese a las inflexibles posiciones expresadas hasta ahora, los contactos entre las partes se reanudaron esta semana.
La pandemia de coronavirus ha impedido un “road show” clásico, con viajes de representantes argentinos a las principales plazas financieras. En su reemplazo, las conversaciones son por videoconferencia.
“Hoy por hoy, si bien desde el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentran realizando reuniones virtuales junto con algunos acreedores, muchos otros fondos están buscando otras vías para hacerle saber al presidente que la propuesta presentada por el ministro resulta inviable”, señaló la correduría Delphos Investment.
En el mercado, se espera alguna contraoferta por parte de los acreedores o que Argentina ofrezca algún "edulcorante" que mejore el nivel de adhesión.
De acuerdo a diversos análisis técnicos, el valor de la oferta es de entre US$ 32 y US$ 40 por cada US$ 100 de valor nominal de los bonos, que hoy se cotizan en el mercado a precios deprimidos de entre US$ 25 y US$ 30.
Consultores financieros calculan que Argentina podría ofrecer una mejora de valor de entre US$ 5 y US$ 8, mientras que los acreedores pretenderían una mejora de entre US$ 15 y US$ 20.
Dos fechas clave
Si bien el plazo límite del 8 de mayo para adherir a la propuesta puede ser fácilmente prorrogado por el Gobierno, todo el proceso de negociación se ve condicionado por otra fecha: el 22 de mayo.
Ese día termina el período de gracia de treinta días al que Argentina se acogió tras decidir no pagar el 22 de abril un vencimiento por US$ 500 millones de intereses de bonos que forman parte de la propuesta de reestructuración.
Si para ese día Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores y no cancela el vencimiento, podría ser considerada en cesación de pagos.
“El día para aceptar la propuesta del 8 de mayo se encuentra a la vuelta de la esquina y, bajo este escenario, lo más lógico es que haya otra ronda de conversaciones antes de la fecha límite del 22 de mayo con el objetivo de cerrar ese posible ‘gap’ (diferencial) de US$ 15 a US$ 20. Las partes hoy parecen bastante lejos”, apuntó Delphos.
