Durante casi siete décadas del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, gobernó a México. Durante la mayor parte de ese periodo, nadie monitoreó al poder ejecutivo ni estableció contrapesos para sus acciones: ni el Congreso, cuyo apoyo al ejecutivo parecía incondicional, ni un poder judicial supuestamente independiente que, de hecho, estaba subordinado al presidente.
Cuando me convertí en presidente de México a finales de 1994, generé el consenso necesario entre mi propio partido, el PRI, y los partidos de oposición para conseguir la aprobación y aplicación de reformas constitucionales que sentaron las bases para crear instituciones electorales y un poder judicial federal genuinamente imparcial, profesional e independiente. No fueron reformas perfectas, pero sí convirtieron a México en un país 100% democrático, con una separación de poderes real. Esas condiciones hicieron posible una transmisión pacífica del poder a un partido de oposición, lo que ocurrió en 2000, al concluir mi sexenio.
Ahora, casi 30 años después, las instituciones medulares de esas reformas están en riesgo. Al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, el Instituto Nacional Electoral (INE) sufrió ataques constantes a fin de socavarlo y trastocar su independencia y capacidad institucional. La primera línea de ataque consistió en calumniar, insultar y amenazar tanto a esta institución como a las personas electas para dirigirla. Luego, se hizo un recorte arbitrario a su presupuesto.
Las normas y procedimientos consignados en la ley referentes a acciones de las que debe abstenerse el gobierno antes de las campañas electorales y durante las mismas (como canalizar fondos públicos hacia las campañas y atacar a los candidatos de oposición en los medios de comunicación controlados por el gobierno) fueron objeto de violaciones sistemáticas a fin de favorecer a los candidatos del partido en el poder. Las vacantes que se abrieron en el INE se cubrieron con individuos sin la imparcialidad necesaria para aplicar la ley. Peor aún, en la actualidad hay planes catastróficos de aplicar una reforma constitucional que remplazaría al INE y al tribunal encargado de resolver las controversias electorales con instituciones simuladas controladas por el gobierno.
AMLO ha mostrado una determinación todavía mayor para aniquilar la independencia y el profesionalismo del poder judicial, pues ha propuesto una serie de modificaciones a la Constitución que lo transformarían en un organismo servil sometido a la voluntad de los políticos. Tras las elecciones de junio, el INE, que ahora está plagado de consejeros y magistrados en cuya designación influyó AMLO, les concedió al partido gobernante y su coalición de aliados el 74 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados (la cámara baja) a pesar de que solo obtuvieron el 54 por ciento del voto popular. Como justificación para esta sobrerrepresentación se citó una interpretación tergiversada e inconstitucional de las normas relativas a la asignación de escaños a las coaliciones.
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En consecuencia, Morena, el partido gobernante de AMLO, alcanzó la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados que necesitaba para aprobar los cambios constitucionales. En el Senado, la coalición de Morena estaba a solo un voto de lograr la mayoría. En los medios de comunicación mexicanos ha circulado ampliamente la noticia de que consiguió el voto faltante gracias a que les ofreció impunidad contra acusaciones de delitos graves a un senador que se oponía y a sus familiares.
Con la promulgación de las reformas constitucionales, todos los integrantes del poder judicial (jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia) tendrán que retirarse de su encargo en los siguientes tres años. En teoría, quienes ocuparán esos cargos serán personas electas por voto popular, pero lo más probable es que el ejecutivo y el Congreso, ambos controlados por el mismo partido político, tomen la decisión. Los requisitos de experiencia profesional serán mínimos.
No solo la preselección será política, sino que se movilizará la maquinaria del partido oficial en las campañas de elección judicial —como ocurrió en otras campañas estatales y nacionales recientes—para garantizar la elección de los individuos más dóciles, no los más competentes.
Naturalmente, otros actores a quienes les interesa que los jueces adopten una postura favorable a sus propios fines, como las bandas del crimen organizado, tendrán amplias oportunidades para influir en los resultados usando los métodos tradicionales: dinero y violencia. Este procedimiento electoral también se aplicará en las judicaturas estatales.
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El Congreso ya modificó la Constitución para otorgarles facultades sin precedentes a las fuerzas armadas, incluido el control permanente de la policía nacional; un aspecto todavía más preocupante es que se haya eliminado la prohibición constitucional a que el Ejército participe en tareas que no sean de carácter militar. Eso significa que el poder ejecutivo estará facultado para emplear a las fuerzas armadas en cualquier tipo de actividades sin ningún contrapeso constitucional para sus decisiones.
Lo más probable es que su objetivo sea apropiarse de las fuerzas armadas y convertirlas en partes interesadas en la preservación de un sistema corrupto, como ha sucedido en países como Cuba y Venezuela. También se buscan modificaciones a la Constitución cuyo efecto sería abolir entidades estatales autónomas que cumplen funciones esenciales para limitar la corrupción y abusos de autoridad, como la agencia responsable de garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad de información.
Si se concretan todos estos cambios, México dejará de cumplir las condiciones básicas para garantizar una competencia electoral legal y justa y, casi con toda seguridad, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno, además de las fuerzas armadas, quedarán bajo el control abusivo y arbitrario del mismo partido durante muchos años. La democracia que ganamos con tanta dificultad se transformará, en la práctica, en una autocracia unipartidista.
Sigue siendo un misterio por qué Claudia Sheinbaum, que fue elegida presidenta de un país democrático, ha apoyado estas acciones indignantes instrumentadas por el presidente saliente. Cuando asuma la presidencia el 1.° de octubre, tendrá que decidir si quiere dirigir una república democrática o prefiere conformarse con ser el rostro desvalido de una tiranía.
Ernesto Zedillo fue presidente de México de 1994 a 2000, ha sido profesor en la Universidad de Yale desde 2002 y es integrante del grupo de líderes mundiales The Elders.
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