La revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la controvertida reforma del sistema judicial mexicano intensificará la pugna entre los ministros y el partido gobernante Morena, lo que podría llevar al país al borde de una crisis institucional.
El martes, el máximo tribunal tiene previsto evaluar una sentencia preliminar del magistrado Juan Luis González Alcántara que defiende la legalidad de elecciones populares para los miembros de la Suprema Corte, uno de los objetivos clave de la reforma judicial aprobada por los legisladores en septiembre. Pero la propuesta limitaría drásticamente el alcance de la reforma al declarar inconstitucional la elección rápida de los jueces federales del país, muchos de los cuales se enfrentarán a una votación el próximo año.
Ocho de los 11 magistrados de la Corte, incluido González Alcántara, han dicho que renunciarán en lugar de presentarse a la elección, lo que alimenta las expectativas de que votarán a favor del fallo. Pero aún no está claro si tendrán esa oportunidad, después de que Morena utilizara la semana pasada su mayoría en el Congreso para aprobar una nueva ley que limita los poderes de la Suprema Corte.
La reforma judicial de Morena ya ha provocado nerviosismo entre los inversionistas y aliados como Estados Unidos, generando profundos temores de que el partido dominante que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador esté tratando de erosionar cualquier control restante sobre su poder. Ahora, el caso judicial parece estar a punto de poner en juego a la sucesora elegida por López Obrador, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, de quien muchos analistas esperan que siga adelante con las elecciones independientemente de lo que decida el tribunal.
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“En un Estado democrático normal, con un sistema de equilibrio de poderes que funcione, los poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a acatar la sentencia”, señaló Claudia Aguilar Barroso, profesora titular de derecho procesal constitucional en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Pero Sheinbaum y el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, agregó, “ya han dado pistas de que la ignorarán”.
La sentencia preliminar de González Alcántara da credibilidad a muchos de los argumentos esgrimidos por los críticos de la reforma. Al fijar una primera tanda de elecciones judiciales para mediados de 2025 —antes de que finalicen los mandatos de muchos de los jueces actuales—, el Congreso de México violó la independencia del poder judicial federal y la separación constitucional de poderes, afirma.
Los jueces federales, señala la sentencia, deben permanecer en sus cargos durante todo su mandato y “sólo pueden ser removidos mediante sanciones disciplinarias o penales establecidas de forma previa y clara”.
Pero Morena, que se ha convertido en una fuerza política abrumadora en los últimos años y ahora controla el poder en casi todos los niveles del gobierno mexicano, ha intensificado su ofensiva contra el máximo tribunal a medida que aumentan los desafíos legales a sus codiciadas reformas.
El miércoles, los legisladores aprobaron una enmienda que restringe la capacidad de los magistrados para revisar la constitucionalidad de dichas reformas, profundizando las preocupaciones de que Morena está apuntando a los límites de su poder y erosionando la democracia mexicana.
El Congreso también aprobó una lista de cinco personas que formarán parte de un comité que evaluará a los candidatos para la elección del próximo año, junto con otros nominados propuestos por los poderes judicial y ejecutivo, la última señal de que Morena planea seguir adelante con las elecciones incluso si el máximo tribunal falla en su contra.
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Sheinbaum, por su parte, volvió a acusar a González Alcántara y a sus colegas de intentar reescribir las leyes aprobadas por el Congreso y violar así la voluntad del pueblo mexicano. La presidenta y su partido afirman que la reforma es necesaria para erradicar la corrupción judicial.
“La cuestión es que la gente dice que ‘La presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática’; nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución”, señaló Sheinbaum durante su rueda de prensa del miércoles. “La propuesta del ministro Alcántara, lo que dice es: ‘Les hago una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial’”.
“¿Quién es autoritario ahora?”, preguntó.
Sigue siendo incierto cómo la nueva enmienda afectará inmediatamente al caso. Pero después de que la mayoría de las legislaturas estatales la aprobaran el jueves, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que pediría a los magistrados que desestimen cualquier acción legal que pretenda anular la reforma judicial y otros cambios constitucionales.
No todos los miembros de la Suprema Corte están de acuerdo con la idea de que puede bloquear las reformas, incluso si se celebra la audiencia del martes como estaba previsto.
La magistrada Lenia Batres, designada por López Obrador y uno de los pocos miembros actuales que tiene la intención de postularse en las elecciones, dijo a Bloomberg News que, si bien los partidos políticos pueden impugnar leyes —incluidas las relativas a las elecciones— no tienen la capacidad de impugnar “material constitucional”.
Pero González Alcántara ya ha empezado a advertir que la negativa a acatar las órdenes de la Suprema Corte acarrearía consecuencias nefastas para la democracia en la segunda mayor economía de América Latina.
“Si no nos hacen caso, nosotros entenderíamos que estamos en vía de un rompimiento del orden constitucional”, dijo González Alcántara el jueves en una entrevista en una radio local. “El Estado de derecho sería cuestionado por un sector importante de la población. Eso tendría implicaciones al interior del país y al exterior”.
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