Andrés Manuel López Obrador. (Foto: AP)
Andrés Manuel López Obrador. (Foto: AP)

El presidente de México dijo que un millonario contrato de suministro de etano de la estatal Pemex a una planta de la brasileña Odebrecht en el país debe ser cancelado por perjudicar al Estado, mientras el consorcio que la opera negó cualquier acto de corrupción y advirtió sobre posibles sanciones.

El acuerdo a 20 años, firmado con Pemex durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), ha sido considerado abusivo por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, al obligar a la petrolera a importar gas para cumplir con sus disposiciones, lo que le ha generado millonarias pérdidas.

Ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”, dijo el gobernante sobre la planta Etileno XXI, ubicada en el estado Veracruz, en el Golfo de México, y que ha aparecido en la causa abierta por corrupción contra el exjefe de Pemex Emilio Lozoya.

Tras ser extraditado desde España en julio, Lozoya está respondiendo en su país ante la justicia y la semana pasada denunció al predecesor inmediato del actual presidente, Enrique Peña, de liderar una trama delictiva y sobornar a políticos con dinero de Odebrecht.

López Obrador dijo la semana pasada que dos mandatarios que le precedieron deberían comparecer ante la justicia, en alusión a Peña y aparentemente también a Calderón, precisamente por el contrato de Etileno XXI, operada por Braskem Idesa, aunque no ofreció detalles en este segundo caso.

El consorcio entre Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa respondió que ha efectuado “exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes, que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la constructora Odebrecht en México”.

En un comunicado recordó que el contrato, que significó US$ 5,200 millones de inversión, se gestó en el 2008 y 2009, entre tres y cuatro años antes de los actos de corrupción que se le imputan a Odebrecht en México, y si una de las partes lo incumple “debería pagar sumas o penalidades a la otra”.

Sin embargo, accedió a solucionar la insuficiente producción local de etano, incluso a “desarrollar una terminal de importación” del producto, la “única solución” al problema, según dijo. “Confiamos en que cualquier diálogo con la autoridad se dará en el marco del Estado de Derecho y la legalidad”, agregó.