La Corte Suprema de Panamá declaró este martes “inconstitucional” un contrato minero, un fallo esperado luego de más de un mes de tensión social con marchas, bloqueos de rutas, millonarias pérdidas en la economía y brotes de violencia.
Éstas son las principales fechas de la crisis en torno a la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, explotada por la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que desató las mayores protestas desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989:
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1997
El Estado panameño firma un contrato con la sociedad minera Petaquilla S.A., que recibe en concesión 12.955 hectáreas en Donoso, provincia caribeña de Colón, por 20 años.
2008
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), apoyado por otras organizaciones ecologistas, interpone una demanda contra el contrato, argumentando que la concesión se dio sin licitación pública, sin consulta a las comunidades y sin un verdadero estudio de impacto ambiental.
2014
Petaquilla Minerals vende la mina a Minera Panamá, subsidiaria de FQM.
2017
El gobierno otorgó una prórroga a Minera Panamá para seguir la operación por otros 20 años. La Corte Suprema declara el contrato de 1997 “inconstitucional”, pero la mina no cesó operaciones por una serie de alegatos e interpretaciones por parte de autoridades y la minera.
2019
La compañía canadiense empieza la exportación del mineral. Produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones panameñas.
2021
Cuatro años después de la resolución de la Corte, el fallo es finalmente publicado en la Gaceta Oficial. Bajo la presidencia de Laurentino Cortizo, el gobierno y la minera inician la negociación de un nuevo contrato.
2022
Concluye la negociación, pero en la redacción del texto hubo discordias que estuvieron a punto de hacer colapsar el proceso.
2023
- Agosto: El gobierno y la minera firman finalmente el contrato que establece aportes mínimos anuales de la minera al Estado por US$ 375 millones, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
- 20 de octubre: El Congreso aprueba la ley que sella el nuevo contrato y Cortizo lo promulga, desatando protestas multitudinarias de ambientalistas, maestros, obreros y otros gremios.
- 3 de noviembre: Ante la presión popular, el gobierno y los diputados aprueban una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica y dejan a la Corte Suprema resolver una serie de demandas de inconstitucionalidad que definirá el futuro de la mina.
- 7 de noviembre: Un hombre de 77 años, con nacionalidad panameña y estadounidense, mata a tiros a dos manifestantes que participaban en el bloqueo de una ruta.
- 16 de noviembre: FQM paga US$ 567 millones en regalías e impuestos, pero quedan congelados a la espera del fallo de la Corte.
- 23 de noviembre. La cúpula empresarial critica la “inacción” de Cortizo ante los bloqueos de rutas, que han ocasionado pérdidas por US$ 1,700 millones, según su estimación.
- 24 de noviembre: La Corte Suprema inicia “sesión permanente” para resolver la controversia sobre el contrato minero.
- 26 de noviembre: El gobierno dice que está preparado “para defender” al país, tras ser notificado por FQM de su intención de ir a arbitraje internacional si se declara inconstitucional el contrato.
- 28 de noviembre: La Corte decide que el contrato es “inconstitucional”. Los manifestantes festejan afuera del tribunal y comienzan a levantarse los bloqueos en algunas rutas.
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