El potencial del ‘nearshoring’, la revitalización de un crecimiento económico cada vez más bajo y el control presupuestario marcarán el arranque del Gobierno de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en un contexto de incertidumbre por la reforma que busca que los jueces sean elegidos por voto popular y la inquietud creciente de mercados e inversores.
Para ofrecer estabilidad, Sheinbaum ha apostado por la continuidad de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, quien fue nombrado por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y que ocupa el cargo desde 2021.
Desde que ganó las elecciones de manera aplastante en junio, sin embargo, Sheinbaum ha visto cómo la economía mexicana ha registrado diversos episodios de volatilidad, con el peso mexicano debilitándose notablemente hasta rozar los 20 pesos por dólar a comienzos de setiembre, un nivel no visto desde 2022.
Además, la economía mexicana está en plena desaceleración. El Banco de México ha recortado de manera reiterada las previsiones de crecimiento para 2024 al 1.5%, más de la mitad del 3.2% registrado en 2023, y espera que el frenazo continúe en 2025.
En este sentido, un reciente análisis del Bank of America destacó que la incertidumbre en México por los cambios constitucionales es alta, lo que podría incidir en una recesión técnica y afectar la inversión privada.
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“El débil desempeño de la economía durante los últimos trimestres, junto con un sombrío panorama para la inversión y la necesidad de consolidación fiscal, ha aumentado la probabilidad de una recesión técnica en México”, apuntó el banco.
Asimismo, los expertos coinciden en que México debe dar un salto cualitativo tanto en materia de suministro energético, especialmente renovable, así como modernización de las infraestructuras básicas de transporte y agua para poder convertirse en el campeón mundial de la relocalización.
En mayo, Carlos Torres, el presidente del grupo financiero BBVA, uno de los principales bancos en México, aseguró que “si México es capaz de resolver este cuello de botella y también los existentes en infraestructuras de transporte o en abastecimiento de agua y adopta las medidas correctas en materia energética” la inversión extranjera directa aumentará de forma “muy relevante”.
Primer presupuesto de Sheinbaum
La primera cita será presentar un presupuesto en noviembre que dé confianza sobre el manejo de las finanzas públicas. Entre los objetivos esbozados por el equipo económico está la reducción del actual déficit fiscal de casi un 6% del PBI, aunque ha advertido que no aumentará los impuestos.
Sergio Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), subrayó a EFE que Sheinbaum deberá delinear un ajuste fiscal “creíble” como primer reto en la materia.
Cárdenas considera poco realista la promesa de reducirlo hasta un 3.5% en un solo año, como ha señalado la futura mandataria, y apuntó como más factible una rebaja progresiva.
Por ello, vaticinó que la próxima presidenta de México deberá tomar “decisiones difíciles”, pues recalcó que no es fácil decidir recortar gastos en sectores como la salud, la educación y la seguridad.
Seguridad, crucial para la confianza
Por su parte, Ignacio Martínez, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) opinó que la seguridad será un tema “crucial” pues impacta en todos los ámbitos y de manera particular en la parte económica.
En este sentido, advirtió que la estrategia de seguridad pública nacional que defina Sheinbaum deberá de dar “enormes resultados” en el arranque de su sexenio, para dar señales alentadoras a los inversionistas.
Aunque la ola de violencia que vive México es no es generalizada y tiene especial incidencia en puntos geográficos específicos, los empresarios e inversores han expresado su preocupación por los problemas que genera a la ahora de aumentar la capacidad productiva.
El crimen organizado se ha adaptado a los nuevos tiempos y se ha involucrado directamente en varias lucrativas industrias como las exportaciones agrícolas en estados como Michoacán y la minería en Sonora, lo que complica aún más la situación.
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