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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expropió terrenos de propiedad privada en el estado de México para construir estaciones de trenes, lo que agudiza un clima político ya tenso solo tres días después de que ordenara la toma de posesión de un tramo de una línea férrea propiedad de Grupo México SAB, del multimillonario Germán Larrea.
La expropiación de más de 113,000 metros cuadrados en tres municipios responde a una solicitud de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del país y busca garantizar la conectividad con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los principales proyectos públicos de López Obrador, según un decreto publicado el lunes en el diario oficial de la nación.
La expropiación, que atiende a un “uso público”, incluye construcciones e instalaciones que se encuentran en los terrenos en juego, según el decreto.
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La SICT ocupará el área y deberá pagar los bienes expropiados con sus recursos presupuestarios. Transcurridos 10 días hábiles desde la publicación del decreto, los afectados pueden iniciar un procedimiento judicial, pero únicamente para rechazar el monto de la indemnización. El decreto no especificó la compensación que recibirán los anteriores dueños de las propiedades.
Las recientes decisiones de López Obrador están generando preocupaciones en la comunidad empresarial sobre una intervención del Gobierno en la economía. AMLO, como se conoce al presidente, está enfrascado en un conflicto con la Suprema Corte de Justicia del país, que el lunes bloqueó por segunda vez un intento de calificar algunas de sus obras públicas emblemáticas como un asunto de seguridad nacional e interés público. Algunos magistrados argumentaron que dicha calificación a estas obras podría usarse como excusa para ocultar información.
Suprema Corte invalida decreto de ‘obras emblemáticas’
Pero no todos los planes de AMLO avanzan como él quisiera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del presidente López Obrador que designaba algunos de sus proyectos emblemáticos de obras públicas como asuntos de seguridad nacional e interés público.
Seis de los once jueces de la corte votaron por invalidar el decreto que permitía a las agencias gubernamentales ocultar del conocimiento público información sobre ciertos proyectos. La corte también invalidó una parte del decreto que permitiría al presidente emitir licencias provisionales como una forma de acelerar las construcciones, en un nuevo capítulo de la tensa relación del presidente con la Suprema Corte del país.
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“Esta decisión de la Suprema Corte viene a demostrar su independencia frente a un decreto que se publicó en noviembre de 2021, que apuntaba a restringir la información y agilizar la entrega de permisos para proyectos emblemáticos de la Administración”, escribieron analistas de Bradesco BBI encabezados por Rodolfo Ramos.
La decisión se produce días después de que el Gobierno tomara posesión el viernes de un tramo de una línea férrea propiedad de Grupo México en el sur del país. Se consideran temas diferentes, agregó Bradesco, aunque esta última decisión judicial es “un buen paso para garantizar la transparencia en las obras del Gobierno”.
La difícil relación del máximo tribunal con el Gobierno ha crecido en los últimos días luego de que un decreto desafiara la semana pasada una decisión anterior del tribunal, que declaró inconstitucional un intento anterior de otorgar a las obras públicas este estatus clave. Los críticos dijeron que dicho estatus facilitaría que el Gobierno oculte información y evite que se haga pública, lo que AMLO ha negado.
Anteriormente, el presidente ha estado en desacuerdo con la corte sobre temas como una reforma al proceso electoral, que fue anulada por la corte el 8 de mayo.
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