El gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas iniciaron este jueves la primera reunión de la mesa técnica para determinar la metodología de trabajo en los diálogos tras el acuerdo alcanzado la semana pasada, que puso fin a las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida.
La cita, que se desarrolla de forma reservada, tiene lugar en las instalaciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la capital ecuatoriana, Quito.
En su cuenta de Twitter, el Ministerio de Gobierno indicó que su titular, Francisco Jiménez, “lidera la primera mesa técnica con el movimiento indígena. En el encuentro se establecerá la metodología de trabajo para estas jornadas”.
El mensaje está acompañado de tres fotografías en las que se aprecia a delegados del gobierno, de los indígenas y representantes de la Iglesia católica.
El ministro de gobierno ofrecerá este mediodía una rueda de prensa para informar sobre la primera jornada de las mesas técnicas.
El acuerdo que puso fin a los 18 días de movilizaciones contempla el tratamiento, durante 90 días, de los diez temas del pliego de peticiones de los indígenas y campesinos.
El 1 de julio, un día después del 30 de junio, cuando se firmó el “Acta por la paz”, el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso comenzó a poner en práctica lo acordado.
El pasado viernes se concretaron los dos puntos centrales del acuerdo, que son la reducción de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.
Así, el mandatario de Ecuador redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar US$ 2.40 y US$ 1.75, respectivamente, por galón (3.78 litros).
Las organizaciones indígenas y campesinas que promovieron las protestas aceptaron finalmente esta rebaja pese a que su demanda era desde un inicio que se rebajasen a US$ 2.10 y US$ 1.50, respectivamente, precios que tenían estos combustibles un año atrás.
Lasso también cumplió con derogar el Decreto 95 que promovía la actividad petrolera, una de las principales exigencias del movimiento indígena.
Sobre otra de las demandas neurálgicas de indígenas y campesinos relacionada con la derogatoria del Decreto 151 sobre minería, se aceptó que el gobierno se comprometa a reformarlo para que no haya más concesiones mineras en reservas naturales, territorios indígenas, zonas arqueológicas y territorios ancestrales de pueblo indígenas.
En los próximos tres meses también delegados del gobierno y de los movimiento indígena y campesino tratarán el resto de puntos del pliego de diez demandas, como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta US$ 10,000.
En las protestas, que comenzaron el 13 de junio y se extendieron por 18 días, fallecieron seis personas y alrededor de 500 resultaron heridas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.