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Comenzó con una alerta de “emergencia oceánica” y termina con tímidos avances contra la minería y una declaración no vinculante. “Esperamos US$ 100,000 millones prometidos por los países ricos”, reclamaba el enviado de la ONU para los Océanos, Peter Thomson, en Lisboa. “Estamos en una carretera hacia el infierno”, afirmaba.
Sin financiación no hay soluciones. “Necesitamos esos US$ 100,000 millones”. “Es necesario repartir la riqueza y hacer lo que es correcto”, defendía el funcionario de la ONU antes del cierre de la II Conferencia de los Océanos.
Un llamamiento que comparten los países en vías de desarrollo, las comunidades originarias y la sociedad civil.
“Los políticos de los países desarrollados no actuarán si no es en el interés económico de sus países, por lo que las islas pequeñas debemos actuar en nuestro propio interés”, denunciaba el portavoz de Antigua y Barbuda.
“Demasiada palabrería y poca acción”, resumían activistas medioambientales tras cinco días de debates entre gobiernos, investigadores, empresarios y sociedad civil que comenzaron con la alerta lanzada en la apertura por el secretario general de la ONU, António Guterres: “Nos enfrentamos a lo que yo llamaría una emergencia oceánica”.
Guterres no se quedó a la clausura y no tuvo oportunidad de escuchar las demandas de los pueblos originarios.
“La pesca artesanal es el corazón de nuestra vida”, resumía Micheline Somplehi Dion, de la Unión de las Sociedades Cooperativas de Mujeres de la Pesca de Costa de Marfil.
“Por favor, habladnos. Por favor, miradnos”, reclamaba Susan Jerry, de la Red de Mujeres Africanas Procesadoras de Pescado.
Declaración sin compromisos
Ni los debates de estos cinco días ni los reclamos de las comunidades se han reflejado en la declaración final, un documento político cerrado en Nueva York en mayo que, por ejemplo, no menciona el espinoso tema de la minería submarina, y no fija tampoco compromisos vinculantes.
El texto reconoce el efecto “devastador” del cambio climático en los océanos, alerta sobre el “nefasto” estado de los mares y pide “más ambición”.
Admite el “fracaso colectivo” en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, relativo a los océanos, y evita citar el gran desafío para el 2030: proteger el 30% de los mares.
Minería submarina, tímidos avances
De Lisboa salen tímidos avances en la lucha contra la minería en aguas profundas.
Después de que Palaos lanzara una Alianza para apoyar la moratoria contra la minería -con la colaboración de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas y a la que se unieron Fiji y Samoa-, Francia tomó posición.
“Debemos crear un marco legal que pare la minería en alta mar y no permitir nuevas actividades que pongan en peligro estos ecosistemas”, defendió el presidente galo, Emmanuel Macron, en una visita relámpago a Lisboa para lanzar la candidatura conjunta de Francia y Costa Rica como sedes de la III Conferencia, en el 2025.
Algún avance se anota también en la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, que aspira a proteger el 30% de los océanos para el 2030 y suma 100 países.
Costa Rica, Colombia y Panamá ya han alcanzado la meta, y República Dominicana, Uruguay y Portugal prometieron hacerlo para el 2030.
Fondos para evitar el camino al infierno
Aunque no hay compromisos de inversión gubernamentales, Lisboa no terminó con las manos vacías.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzará “Ocean Promise” para compensar las pérdidas de US$ 1 billón anuales causadas por la mala gestión de los océanos.
El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF destinará US$ 1,250 millones a ecosistemas marinos y costeros de América Latina y el Caribe en los próximos cinco años.
Bloomberg Philanthropies, Moore Foundation, el Fondo Internacional de Conservación de Canadá y otros seis socios donarán US$ 1,000 millones para lograr la meta del 30% y Australia dedicará US$ 1,200 millones en los próximos diez años a preservar la Gran Barrera de Coral.
Más retórica que acción
Más de 7,000 participantes, 150 delegaciones, una veintena de jefes de Estado y de Gobierno y decenas de horas de discusiones no han convencido a la sociedad civil.
“Hemos tenido principalmente palabras, tuvimos pocas acciones y las acciones son lo que realmente necesitamos para proteger el océano”, resumía Laura Meller, de Greenpeace.
WWF alertó de que “no hay tiempo” que perder en la protección de los mares y llamó a los líderes a “aprovechar este momento creado” para resolver “problemas de larga duración” con “tratados robustos globales” y financiación.
Mientras, el francés Rémi Parmentier, fundador del Grupo Varda, saca aspectos positivos por los avances sobre la minería submarina.
¿Y ahora?
La hoja de ruta tiene una primera parada en Nueva York, en agosto, para debatir el Tratado Global de los Océanos.
“El éxito de esta conferencia se verá en agosto”, advierte Meller.
“Espero un nivel de ambición superior en la de Francia”, confía Parmentier.
“Dejamos Lisboa con un gran impulso, pero la verdadera prueba de éxito para la II Conferencia de los Océanos vendrá en los próximos meses”, zanja WWF.
En el aire, el lamento de las pescadoras africanas: ¿Qué va a pasar si no recuerdan meternos en el diálogo?
