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La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes la declaración de Lima al término de la LII Asamblea General, mediante la cual los estados miembro se comprometen a realizar esfuerzos coordinados para luchar contra la desigualdad y la discriminación en todas sus formas y manifestaciones.
El documento, que recoge el lema que eligió Perú para la cumbre, como país anfitrión, “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”, se enfoca en la necesidad de superar los problemas estructurales que afectan a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad que han sido históricamente discriminados.
Según detalló la relatora de la comisión general de la OEA, el texto inicial “contaba con párrafos pendientes relativos al enfoque de género, la orientación sexual y grupos excluidos”, que finalmente fueron resueltos evitando las referencias de grupos particulares, con excepción de la mención al origen e identidad indígena y afrodescendiente.
Entre los países que presentaron pies de página a la declaración figuran Paraguay y Guatemala, cuyos representantes en el foro regional señalaron que algunos puntos contravienen sus respectivas legislaciones nacionales y mantienen terminologías que no reflejan “conceptos aceptables”.
Combatir la discriminación
En concreto, la declaración señala la importancia de colocar a las personas en el centro de las políticas nacionales sobre desarrollo y lucha contra la desigualdad y la discriminación, adoptando medidas concretas para revertir la persistencia de las inequidades.
En esa línea, condena todo tipo de exclusión o violencia basada en motivos de raza, color, sexo, género, idioma, religión, etnia, origen, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
Asimismo, reafirma el compromiso de los países miembro de la OEA de fortalecer la gobernabilidad e institucionalidad democrática como factor de cohesión social, así como de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas.
También ratifica la voluntad de impulsar la inclusión y participación social, política y económica “a fin de elevar las condiciones de vida de los pueblos del hemisferio”.
La declaración defiende, además, la importancia de reducir la brecha digital, sobre todo de género, y de combatir la pobreza como la manifestación más alta de la desigualdad y exclusión.
A su vez, manifiesta la importancia de aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad a las políticas y programas públicos de modo que sean sensibles a las diferencias y requerimientos de mujeres y niñas, niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, y otros grupos vulnerables.
En ese sentido, reafirma la convicción de que el empoderamiento y autonomía de todas las mujeres y de los grupos tradicionalmente excluidos de las estructuras políticas de poder “es indispensable para alcanzar soluciones efectivas y duraderas”.
Fortalecer la gobernabilidad democrática
Por otro lado, la declaración también ratifica el compromiso de los países de reducir los obstáculos a la inclusión financiera y de continuar promoviendo, a través de acciones de cooperación y multilateralismo, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción y la consolidación del Estado de derecho, entre otros.
Además, considera necesario avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y enfrentar el cambio climático y sus “graves efectos” en la región.
El documento afirma que la desigualdad, la discriminación y la pobreza tienen un impacto directo en el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales y que la eliminación de toda forma de inequidad contribuye al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana.
