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Una inspección de rutina: el motivo es el mismo en cada retén que para a Ender Gómez en los 900 km de ruta hasta Caracas. Es un martirio para este y otros productores agrícolas venezolanos, que denuncian ser blanco de extorsión policial.
Esta práctica continuada por parte de policías o militares se ha denunciado por más de una década, y afecta a todo el transporte de carga, además de autos particulares y buses de pasajeros.
Ender parte cada semana en su camión desde La Grita, estado Táchira, fronterizo con Colombia, hasta la capital venezolana cargado con 20 toneladas de hortalizas y frutas.
En el camino le esperan carreteras en mal estado, escasez de combustible --aún crítica sobre todo en provincia-- y decenas de puestos policiales, que sabe pueden detenerlo por horas para revisar su carga y documentos con la finalidad, asegura, de obtener un soborno.
“Es una odisea”, dice este “feriero”, como se llama a los comerciantes que compran en los campos para luego vender en las ciudades.
Tiene un puesto en un mercado en un barrio acomodado de Caracas que opera los lunes. Acostumbra a salir los sábados en la tarde para llegar el domingo a mediodía. La última vez que detuvieron la carga, recuerda, demoró dos horas más en llegar.
Los oficiales “nos destaparon la carga y bueno, fue pelear con ellos por tener el carro detenido y a la carga le daba sol”, recuerda este hombre que lleva 30 de sus 48 años dedicándose a este oficio.
Buscan “sacarle a uno el dinero, pero al final hay que aguantarse porque si se empieza a dejar [dinero a los policías] se acostumbran y después llegamos aquí a Caracas y la ganancia se la han dejado a ellos en el camino”.
La batalla no siempre se gana, Ender ha pagado y dejado parte de su mercancía en algún puesto para poder seguir.
“Los ferieros en cada alcabala [retén] tienen que dejar un mercado”, lamenta por su parte el productor Ramón Alirio Zamabrano, en su pequeña finca en La Grita. “Se les deja mercancía que es barata como es repollo, lechuga... Ahí dicen ‘no somos morrocoyes’ [tortugas], y hay que bajarles tomate, papa, lo más caro que lleva el vehículo”.
“Cultura” de extorsión
Expertos en seguridad coinciden en que la extorsión policial está relacionada a los bajos salarios que perciben estos funcionarios, que por mucho tiempo no llegaban a US$ 30. Hoy, tras un aumento de 1,700% decretado por el gobierno, un oficial recién graduado de la Policía Nacional gana el equivalente a US$ 114.
La fiscalía ha anunciado por su parte acciones para contrarrestar este tipo de situaciones, e incluso, el propio ilegítimo presidente Nicolás Maduro ordenó en julio pasado “eliminar las trabas” en las carreteras.
Pero poco ha cambiado, sostienen transportistas y ferieros, que ven esta práctica ya como una “cultura”.
“Hay unos [funcionarios] que se creen dioses... lo quieren es molestar a uno”, critica un conductor de camión, atemorizado por represalias. “A uno toca pasar por la mano del ‘matraqueo’”, como popularmente llama a la extorsión en este país.
“Uno le busca la manera más suave” de tratar con la autoridad, continúa. “Entre más fuerte se vuelva uno, peor. Los únicos que tienen el poder son ellos, uno no”.
Los sobornos terminan reflejándose en el precio que paga el consumidor, que puede ser “tres o cuatro veces más que el valor que se paga en el campo”, según el presidente de la asociación de productores agropecuarios (Fedeagro), Celso Fantiniel.
Lo mismo ocurre con productos terminados, que han llegado a ser más costosos que los importados.
Una opción en Táchira es un documento que emiten las autoridades de la gobernación local y que sirve de salvoconducto, lo llaman “protectorado”.
Pero no es gratis: implica el pago de un “impuesto” de 4% a 5% del valor de la carga, y según los productores a este papel solo acceden personas “cercanas” al gobierno.
