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La Fiscalía de la región del Biobío, al sur de Chile, abrió este jueves una investigación de oficio a una fundación ligada a la expresidenta Michelle Bachelet por presuntamente recibir de manera irregular ayudas públicas.
El Ministerio Público indaga en concreto el traspaso el pasado diciembre de cerca de 380 millones de pesos chilenos (unos 465.000 dólares) a la fundación Horizonte Ciudadano por parte del Gobierno regional.
Desde el Gobierno regional rechazaron que haya habido irregularidades, pero el Ejecutivo central pidió aclarar cómo se gestionaron los fondos.
“Si se detecta alguna sospecha, el Gobierno regional debería abrir una investigación administrativa y determinar si las ayudas constituyen o no una irregularidad. Por el momento, eso no es claro”, aseguró la portavoz oficial, Camila Vallejo.
Horizonte Ciudadano, que se dedica a implicar a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, fue creada en 2018 por Bachelet, la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y quien gobernó el país en los periodos 2006-2010 y 2014-2018.
La investigación llega en medio de un aluvión de sospechas sobre numerosas fundaciones privadas a lo largo de todo el país por recibir en los últimos años subvenciones públicas presuntamente de manera fraudulenta.
El primer caso estalló en el norte del país, en la región de Antofagasta, por millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de un partido de la coalición de gobierno, Revolución Democrática (RD).
La polémica ha golpeado al Gobierno y el presidente chileno, Gabriel Boric, substituyó al subsecretario de Vivienda que autorizó los polémicos convenios, pero las presiones de la oposición sobre altos cargos del Ejecutivo no cesan.
El Gobierno anunció una auditoría por todo el país para aclarar si existen irregularidades en esas subvenciones, pero detalló que su investigación interna se remontará a años atrás, también a la legislatura del expresidente conservador Sebastián Piñera (2018-2022), cuando se aprobó la regulación que supuestamente posibilitan las subvenciones irregulares a entidades privadas.
Furente: EFE
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