Rusia aprovecha la segunda ola del COVID-19 para limitar libertades políticas

Rusia ha decidido aprovechar la segunda ola del coronavirus para restringir, mediante la aprobación de nuevas leyes, las libertades políticas y la capacidad de maniobra de la oposición al Kremlin de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

“No buscamos agarrar y prohibir, pero queremos protegernos de la injerencia” externa con estas leyes, dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, al reunirse con el Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin.

Putin respondía así a las agrias críticas contra varias leyes draconianas que la mayoría oficialista en la Duma o Cámara baja se dispone a aprobar antes de que termine el año con el argumento de defender la soberanía de la “mano negra” de Occidente.

Se trata de leyes que afectarán la actividad de opositores, activistas, periodistas, observadores electorales y corresponsales, además de ONG, lo que ha llevado al Consejo de Europa a dirigirse a Moscú para que dé marcha atrás.

Enemigos del pueblo

El proyecto de ley más controvertido y que fue aprobado esta semana en primera lectura por la Duma es aquel que plantea catalogar como “agente extranjero” tanto a personas físicas como a organizaciones sociales que “reciban financiación extranjera y participen en la vida política del país”.

Una vez sea aprobada la ley, promovida por el partido del Kremlin, Rusia Unida, las autoridades podrán designar “agente extranjero” a cualquier particular, incluido un ciudadano extranjero, o periodista implicado en actividades que las autoridades consideren “políticas”.

Según el diputado oficialista Vasili Písarev, “actividades políticas” significa organizar mítines, intentar influir en los resultados electorales o en la adopción de ciertas leyes.

Eso afectaría a organizaciones como Gólos (Voto), que velan por la limpieza de los comicios, Greenpeace o aquellas asociaciones o grupos formados por periodistas de investigación, una moda al alza en Rusia.

Dichos “agentes extranjeros” deben registrarse ante el Ministerio de Justicia y presentar documentación dos veces al año sobre sus actividades y fondos recibidos del extranjero, además de catalogar cualquier publicación con esa etiqueta, para que el lector sepa que está financiada desde el extranjero.

Golpe bajo para Navalni

Los miembros de Rusia Unida también se proponen impedir por ley que esas personas puedan ostentar cargos en la administración pública, tanto local como federal.

En el caso de aquellos políticos que reciban fondos del exterior, deberán precisarlo cuando presenten su candidatura en unas elecciones.

Tanto la prensa como la oposición consideran que la ley busca allanar el camino para la victoria de Rusia Unida en las elecciones legislativas de setiembre próximo, para cuando se espera que ya haya vuelto de Alemania el aún convaleciente líder opositor, Alexéi Navalni, envenenado en agosto con el agente tóxico Novichok, de fabricación rusa.

Y es que, una vez que Navalni no puede presentar su candidatura por tener antecedentes penales, ahora son sus correligionarios los que pueden verse privados de la posibilidad de concurrir a unas elecciones.

El Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni ya fue catalogado como “agente extranjero”, lo que ahora podría afectar a toda la red de colaboradores con la que cuenta en todo el país y limitaría sus opciones de acceder a las asambleas locales y a la Duma.

La polémica coincide con la caída de la popularidad de Putin entre los más jóvenes, el granero electoral de Navalni, del 36 % al 20% en comparación con diciembre del 2019, según una encuesta publicada hoy por el Centro Levada.

No a los piquetes

Los diputados oficialistas también la han tomado con las manifestaciones y piquetes opositores individuales, la única forma de protesta permitida en Rusia sin autorización previa. Según otra ley, quieren prohibir la financiación exterior de todo acto público.

También se impedirá celebrar manifestaciones frente a edificios públicos, como las sedes del Ministerio del Interior o el Servicio Federal de Seguridad (FSB), lo que ha indignado especialmente a la oposición.

Otro punto que ha dolido mucho a la oposición radical al Kremlin es la equiparación de los piquetes a los mítines, por lo que habrá que pedir autorización y, por lo tanto, dejarán de ser espontáneos.

Putin, en defensa de la ley

Putin, al que una veterana activista le echó en cara en directo que el proyecto se contradiga con un fallo del Tribunal Constitucional, defendió la ley aduciendo que las potencias extranjeras utilizan cualquier laguna legal para intentar influir en la agenda política rusa.

“Nuestra gente es honesta, buena y hace bien su trabajo, pero aquellos que les pagan, por regla general, se guían por otros objetivos, que no son el fortalecimiento de Rusia, sino su contención. Esa es la clave del problema”, dijo, aunque prometió que se dirigirá a la Administración presidencial y a los diputados para que revisen su contenido.