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En el último mes, México ha dado una vuelta de tuerca a las reglas del juego de su sector eléctrico, sacudiendo de nuevo la confianza de los inversionistas, que han pasado de la apertura del sector energético en el gobierno previo al retorno hacia una mayor injerencia estatal en la industria.
Aduciendo la necesidad de asegurar la estabilidad de la red eléctrica ante una menor demanda por la epidemia de coronavirus, el regulador del mercado eléctrico, el Cenace, anunció una serie de medidas que tomaron por sorpresa a los empresarios.
La respuesta fue contundente: los mayores organismos empresariales condenaron lo que calificaron como "flagrante violación" a las condiciones ya establecidas, sumándose a una queja por escrito de gobiernos de países aliados de México.
Empresarios del sector de energías renovables han obtenido una veintena de amparos suspendiendo las medidas y prometen que la batalla legal continuará, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que defenderá las nuevas directrices.
¿Qué decidió el regulador?
El Cenace ordenó a fines de abril suspender pruebas preoperativas comerciales de centrales eólicas y solares que, dijo, generaban intermitencia y podrían provocar un daño grave a la red eléctrica, además de que no se autorizarán esas mismas pruebas para centrales que no las han iniciado, sacando del escenario a las plantas en construcción.
Eso afectó 44 proyectos eólicos y solares con inversiones de más de US$ 6,000 millones, de acuerdo con empresarios.
También estipuló que la red nacional de transmisión, a cargo de la estatal CFE, será operada con base en "su capacidad de diseño", lo que para expertos significa que no será forzada para subir electricidad de privados y que quienes quieran usar la red podrán hacerlo sólo si no afectan su confiabilidad.
También dispuso la puesta en marcha de unidades de generación que funcionen permanentemente para regular el voltaje y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. La generación ininterrumpida la dan centrales que usan combustibles fósiles, por lo que especialistas creen que la CFE se vería favorecida.
Otras sorpresas del gobierno
En un callado anuncio hecho una noche de mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó nuevas disposiciones, a tono con las del Cenace, para dar al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad.
Ahora, se pedirá a las empresas un dictamen de viabilidad de interconexión, que tomará en cuenta la demanda y el consumo, así como los efectos de la intermitencia de centrales renovables en la estabilidad del sistema.
A la CFE se le faculta para participar en la creación de los criterios de confiabilidad del sistema eléctrico y proponer proyectos de infraestructura. La empresa recobra parte del terreno perdido durante la reforma energética del 2013-2014.
¿Por qué el giro de política?
La epidemia de coronavirus provocó una baja de la demanda de electricidad del 10% desde finales de marzo, según el Cenace, llevando a la CFE a parar algunas de sus propias centrales.
Sin embargo, debe dar mantenimiento a la red eléctrica y el alza de tarifas está fuera de discusión debido a la promesa presidencial de no incrementarlas más allá de la inflación.
El mandatario asegura que la reforma energética trató de acabar con la CFE y con la petrolera estatal Pemex en aras de intereses privados y ha prometido regresarles su gloria perdida.
Tanto la Sener, como el director de la CFE, Manuel Bartlett, aseguran que la administración de contratos heredados de la reforma energética, a la que está obligada la estatal, le han costado miles de millones de pesos en pérdidas.
Además acusan que la CFE asume parte de los costos de transmisión y distribución pues las tarifas que pagan los dueños de contratos heredados y los de empresas de renovables no los cubren por completo y han dicho que buscarán igualdad de condiciones.
