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El director del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, Fernando Barraza, aseguró que la polémica venta en Islas Vírgenes Británicas de una mina por parte de la familia del presidente del país, Sebastián Piñera, “no implicó ventajas tributarias”.
“No tenemos respuesta hasta ahora de cuál es la motivación por la cual se realiza esta operación que, en la manera en cómo se estructuró, la verdad es que el haberlo hecho en el exterior no implicaba ventajas tributarias con las normas vigentes en la época”, dijo el funcionario.
Barraza compareció este jueves en la comisión parlamentaria que estudia la acusación presentada por la oposición para destituir a Piñera por esa operación financiera, revelada en la investigación mundial de los papeles de Pandora.
La publicación reveló presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.
“Cumplió con informar al Servicio de Impuestos Internos tanto la operación como las remesas que se internaron al país. Desde esa perspectiva se cumple con la obligación tributaria”, agregó.
Diputados de todos los partidos de oposición presentaron la semana pasada una acusación constitucional contra el gobernante, de 71 años y dueño de la cuarta fortuna más grande de Chile, que primero es estudiada por una comisión de cinco diputados antes de pasar al pleno del Congreso.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo al momento de presentar la acusación.
Se trata de un proceso histórico pues por segunda vez en su mandato Piñera enfrenta un pedido de destitución luego del que no prosperó en noviembre del 2019 por su supuesta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos registradas durante el estallido social.
Además, es el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.
El objetivo es que el escrito acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara Baja, llegue al Senado -órgano que actúa como juez- antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
El juicio político, puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera, se suma a la investigación abierta la semana pasada por la Fiscalía chilena por cohecho y delitos tributarios en la misma operación financiera.
El presidente defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en el 2009 y esgrime que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en el 2017.
