Alertan sobre el aumento de la vigilancia en espacios públicos, a partir de la cual se produce una recolección automatizada de datos y su análisis. (Foto: JOEL SAGET / AFP)
Alertan sobre el aumento de la vigilancia en espacios públicos, a partir de la cual se produce una recolección automatizada de datos y su análisis. (Foto: JOEL SAGET / AFP)

La pidió una moratoria en el uso y venta de equipos y herramientas tecnológicas utilizadas para la vigilancia, la opresión y el espionaje mediante teléfonos móviles, al menos hasta que existan reglas que regulen su uso y garanticen el respeto a los derechos humanos.

”Aunque se dijo que servirían para combatir el terrorismo y el crimen estos han sido utilizados en varias ocasiones con propósitos ilegítimos, como reprimir voces críticas o puntos de vista disidentes, o contra aquellos que las expresan, como periodistas, opositores políticos o activistas”, señaló la organización en un informe.

La investigación, realizada por expertos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, explica la forma en que software de vigilancia, como “”, puede convertir la mayoría de teléfonos móviles inteligentes “en dispositivos de vigilancia 24 horas al día”. Pegasus es una tecnología desarrollada por una compañía israelí y entre abril y mayo pasados estuvo en el centro de denuncias de espionaje contra periodistas, políticos y miembros del gobierno español.

Esta herramienta da acceso al pirata informático no sólo a todo el contenido del teléfono, sino al entorno en que se encuentra y a las conversaciones, explicó una portavoz del organismo, Liz Throssell. Recordó que, legalmente, las autoridades solo pueden permitir la intrusión electrónica de un dispositivo personal como último recurso para prevenir o investigar una amenaza concreta que pueda resultar en un acto criminal grave o contra la seguridad nacional.

Por otra parte, el informe alertó del aumento de la vigilancia en espacios públicos, a partir de la cual se produce una recolección automatizada de datos y su análisis. De este modo, la ONU pide que los Estados limite sus medidas de vigilancia pública a lugares y durante periodos específicos, y que el almacenamiento de los datos que se consiguen tenga un plazo limitado. Asimismo, le insta a que restrinjan el uso de los sistemas de reconocimiento biométrico en los lugares públicos, que tiene su utilización más extendida en China.