La máxima autoridad constitucional de Francia validó el viernes en su totalidad la legislación que concede a los adultos que padecen una enfermedad incurable el derecho a la muerte asistida, aunque indicó que algunas disposiciones requieren una aclaración.
Con la aprobación del Consejo Constitucional, Francia se unirá a la reducida lista de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos pasando por España, Suiza, Canadá y Uruguay.
La ley, aprobada por el Parlamento francés en julio tras años de debate, establece el derecho a la muerte asistida para algunos adultos que padezcan una enfermedad incurable.
La decisión del Consejo Constitucional supone una victoria para el presidente Emmanuel Macron, quien prometió una ley de este tipo cuando fue reelegido para un segundo mandato en 2022.
Su validación “pone el broche final a un debate democrático ejemplar” y “ofrece una garantía esencial a nuestros conciudadanos”, declaró la presidencia francesa.
Para poder optar a la muerte asistida, el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano francés o residente de larga duración.
Debe sufrir un dolor que no responda al tratamiento o que, en opinión del paciente, sea insoportable, en los casos en que haya optado por no seguir el procedimiento médico o interrumpirlo.
Un médico se encargará de verificar que el paciente cumple los requisitos, antes de que un comité evalúe los criterios.
En última instancia, el médico toma la decisión y el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes, por motivos físicos, no puedan hacerlo.
Aunque el Consejo confirmó la constitucionalidad de la ley, consideró que era necesario aclarar determinadas disposiciones, incluida la denominada “cláusula de conciencia”, que permite a los profesionales de salud negarse a participar en el procedimiento.
La cláusula también debe aplicarse a los centros de salud privados en los que la muerte asistida sea “manifiestamente contraria” a su misión, siempre que no sean los únicos establecimientos capaces de satisfacer las “necesidades locales”, señaló la autoridad constitucional.
