La Justicia de El Salvador decretó penas de entre 62 y 164 años de prisión a nueve miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, por varios delitos, entre ellos homicidio y privación de libertad, informó este lunes la Fiscalía General.
La Fiscalía indicó, en un hilo de mensajes en X, que “las evidencias presentadas durante el juicio demostraron cuáles eran sus zonas de operación” donde “se cometieron privaciones de libertad, homicidios, secuestros y robos agravados”.
Los hechos, de acuerdo con la fuente, “sucedieron entre el 2014 y 2017″ e indicó que “las investigaciones iniciaron a raíz de un caso de secuestro que se reportó a las autoridades”.
Cipriano Varela fue condenado a 164 años de cárcel, Vidal Hernández y Miguel Marroquín a 162 años, y Walter Cedillos a 122 años de prisión.
Los otros sentenciados son: José Lovo (117 años), Carlos Navarrete (95 años), Josué Torres (72 años), Jimmy Pereira y Antonio Mejía (62 años), apuntó la Fiscalía.
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Agregó que los pandilleros fueron procesados en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de la oriental ciudad de San Miguel.
La Fiscalía no especificó si los procesados fueron capturados durante la medida de excepción, implementada desde marzo de 2022 por el Gobierno salvadoreño para combatir a las pandillas en una llamada “guerra” contra estas bandas.
Tampoco indicó si los hombres ya estaban prisión por otros delitos antes de estás condenas.
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Con más de 81,900 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, lo que le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
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