La Corte Suprema de Chile rechazó acoger demandas de comunidades y ambientalistas contra el polémico proyecto de hierro y cobre Dominga, que tendrá que aguardar la decisión de un comité de ministros del presidente Gabriel Boric, quien ha mostrado su oposición a la iniciativa minera.
La Tercera Sala del máximo tribunal desestimó la acción contra la sentencia de una corte ambiental favorable al proyecto que se emplazaría en el norte del país al estimar que aún quedan instancias pendientes en la causa.
“Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte”, dijo una nota del poder judicial. La decisión de la corte “deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa”.
A mediados del año pasado, una comisión de evaluación ambiental también respaldó al proyecto, una iniciativa de US$ 2,500 millones que ha sido demorada por años en medio de la fuerte oposición de grupos ambientalistas y sociales.
Pero con el objetivo de revertir esta decisión, un grupo de abogados de organizaciones ambientalistas recurrió en paralelo ante el comité de ministros, cuando aún estaba en funciones el gobierno de Sebastián Piñera.
El comité -integrado por los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por la cartera de Medio Ambiente- no forma parte del servicio de evaluación ambiental, pero tiene potestad para conocer y revisar resoluciones ambientales, entre otras facultades.
“Esperamos y confiamos en que el comité de ministros lo volverá a rechazar”, dijo a la radio BioBio, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Oceana, una de las que recurrió ante esa instancia que ya rechazó el proyecto en el 2017.
Los opositores alegan que Dominga, que se ubicaría 60 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, cerca de reservas ecológicas marinas, causaría un grave daño ambiental en la región. Tras su victoria electoral en diciembre, Boric dijo que pondrá a iniciativas mineras que “destruyan” el país, como Dominga, que busca producir anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150,000 toneladas de concentrado de cobre.
A lo largo de su tramitación el proyecto adquirió matices políticos, ya que mientras algunos denunciaban una vinculación inicial del proyecto con el expresidente Sebastián Piñera, otros señalaron que se ubicaba cerca de terrenos de propiedad de la expresidenta Michelle Bachelet.
Piñera incluso sorteó un juicio político por eventuales irregularidades en la compraventa de la minera reveladas por los denominados Pandora Papers.