Una coalición de 11 fiscales generales de Estados Unidos enviaron una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la Administración del presidente Donald Trump, en la que dejan claro que los gobiernos locales y estatales de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración.
La declaración de los fiscales surge luego de que el nuevo Gobierno de Trump amenazara a funcionarios gubernamentales que no cumplan con sus órdenes migratorias.
“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la inmigración”, señala el memorando enviado el martes por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove.
Sin embargo, los fiscales demócratas recordaron que está establecido, a través de precedentes de larga data de la Corte Suprema, que la Constitución de EE. UU. impide que el gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales.
“Si bien el gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para la aplicación de las leyes de inmigración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que no puede ‘incorporar a su servicio, sin costo alguno para sí, a los agentes de policía de los 50 estados’”, señalan además a Bove en la declaración conjunta de los fiscales, liderados por Nueva York y California.
El memorando es firmado por los fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.
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Cierre de albergues
Dos albergues de migrantes en Arizona, entre ellos Casa Alitas, uno de los principales centros de asistencia que sirvió de modelo para otros a lo largo de la frontera con México, fueron cerrados debido a los recortes de fondos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves el condado Pima.
“Es una tristeza que nuestro Gobierno termine con una tradición de ayuda a los más necesitados”, señaló a Efe Kat Rodríguez, activista que por muchos años trabajó en Casa Alitas, en Tucson.
Los albergues proporcionaban alojamiento temporal y servicios de transporte a solicitantes de asilo tras ser procesados y liberados por la Patrulla Fronteriza.
“La compasión por el ser humano está siendo eliminada por intereses políticos y eso es muy lamentable”, expresó la activista.
No hay migrantes
John Lesher, administrador del condado Pima, detalló que desde el pasado lunes, después de que Donald Trump jurara por segunda ocasión como presidente, la Patrulla Fronteriza dejó de llevar a los migrantes al refugio.
Efe constató hoy en una visita a Casa Alitas que no hay migrantes, y sus puertas que siempre estaban abiertas ahora están cerradas y no hay movimiento de autos ni de autobuses.
Esto, asegura Lesher, pone en una precaria situación al condado Pima, ya que aunque no haya migrantes en los albergues estos continúan generando gastos operativos y de funcionamiento.
Suspensión de fondos
Durante su primer día como presidente, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas incluyendo una que suspende los fondos para programas de asistencia del Programa de Servicios de Refugio del (SSP, en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional.
Adicionalmente, SSP no paga por los servicios de mantenimiento de los albergues mientras no haya migrantes.
El cierre del albergue de Casa Alitas es un duro golpe para aquellos que como Rodríguez han luchado por años por defender los derechos de los migrantes.
Un modelo para otros albergues
El sistema de operación de Casa Alitas sirvió de modelo para otros albergues que abrieron en otros estados fronterizos para asistir a los migrantes.
“Vemos que tendremos unos cuatros años muy duros, el cierre de la frontera, el cierre de los albergues no va a terminar con la migración irregular”, afirmó la activista.
El condado Pima estima que en los últimos seis años estos albergues han proporcionado asistencia a más de medio millón de migrantes, evitando que estos quedaran desamparados en las calles.
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