La disputa de Shakira con la agencia tributaria de España se encamina al máximo tribunal del país, luego de que las autoridades impugnaran un fallo que había eliminado reclamaciones por € 55 millones (US$ 64 millones) contra la cantante, quien actuará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
La apelación fue presentada ante el Tribunal Supremo por abogados del Estado en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al sostener que el tribunal inferior se equivocó al concluir que la cantante no era residente fiscal en España en 2011, dijo a Bloomberg News un portavoz del organismo.
Según la legislación española, una persona es considerada residente fiscal, por lo general, si pasa más de 183 días en el país durante un año calendario o si España constituye el principal centro de sus intereses económicos.
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En el caso de la cantante colombiana, la Audiencia Nacional concluyó en un fallo de abril que las autoridades tributarias no lograron demostrar ninguna de esas dos condiciones. Las pruebas del organismo solo acreditaban 163 días de permanencia en España en 2011.
Las autoridades tributarias sostuvieron que, pese a su agenda internacional, la artista ya había establecido su residencia habitual en España. Para ello señalaron sus estancias en Barcelona, su relación con el futbolista Gerard Piqué e intentaron computar el tiempo que pasó fuera del país como “ausencias esporádicas”.
Un portavoz de Shakira declinó hacer comentarios sobre la apelación y remitió a la declaración de la cantante del 18 de mayo, en la que celebró un fallo “contundente e histórico” y afirmó que “nunca hubo fraude”.
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Los abogados de Shakira argumentaron que la cantante residía de forma permanente en Bahamas desde 2007 y respaldaron esa posición, entre otras pruebas, con un certificado de residencia fiscal emitido por Bahamas en 2016.
La cantante llegó a un acuerdo en otro caso en 2023 y aceptó seis cargos por fraude fiscal correspondientes a 2012, 2013 y 2014. Recibió una condena de tres años de prisión suspendida y aceptó pagar multas por más de € 7 millones. En una entrevista, dijo entonces que tomó esa decisión por el bienestar de sus hijos y no porque admitiera culpabilidad o aceptara haber cometido alguna irregularidad.
En el caso más reciente, la Audiencia Nacional concluyó que las pruebas no demostraban que Shakira fuera residente fiscal en España y que sus viajes no debían computarse como ausencias esporádicas, ya que pasó la mayor parte de 2011 fuera del país.
