La Asociación Mexicana de Empresas Hidrocarburos (Amexhi) pidió este lunes al próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum retomar las asociaciones público-privadas para desarrollar un mayor número de yacimientos petroleros, en especial, no convencionales, producir más gas natural y generar beneficios presupuestarios por casi US$ 160,000 millones.
El documento ‘2030, México en crecimiento: propuestas del sector de hidrocarburos para aprovechar el potencial energético de México en favor de sus ciudadanos’ persigue tres objetivos principales, detalló en su presentación Alberto de la Fuente, presidente de Amexhi.
Entre ellos, mencionó asegurar la suficiencia presupuestal del Estado mexicano para atender demandas derivadas del crecimiento poblacional, estimado en casi 1 millón de habitantes nuevos cada año, la continuidad de los programas sociales y el pago de deuda.
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Asimismo, promover el desarrollo sustentable del sector para convertirse en una palanca de desarrollo que promueva la transición energética y la descarbonización de la industria eléctrica.
Y también incrementar la seguridad energética.
En este sentido, compartió que, si se asegura el suministro eléctrico en el país, México “podrá mantener la competitividad de su industria y el dinamismo económico”, al tiempo que podrá capitalizar los beneficios que se generen por la relocalización de empresas en Norteamérica, fenómeno denominado ‘nearshoring’.
Para todo esto, la asociación impulsa un diálogo estrecho con el equipo de la presidenta electa, quien asumirá el 1 de octubre.
“Este documento busca ser un documento de diagnóstico, de propuesta y también de estrecha colaboración con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum”, comentó De la Fuente.
Entre sus demandas, la Amexhi considera necesario que el Gobierno mexicano asigne 53% de los recursos prospectivos que tiene, que aún no cuentan con un operador asignado y que, en su mayoría, son pozos no convencionales.
Merlin Cochran, director general de Amexhi, explicó que buscan que empresas privadas puedan correr el riesgo financiero que suponen estos pozos, que son más complejos y tienen una menor duración de explotación, para que el Gobierno y Petróleos Mexicanos (Pemex) destinen sus esfuerzos a pozos convencionales y más rentables.
En este punto, De la Fuente precisó que parte de la seguridad energética que se requiere está en el sector del gas natural, pues México importa un 75% del gas natural que consume a Estados Unidos.
Detalló que 85% del origen de este gas proviene de campos no convencionales en Estados Unidos, que, si bien es la molécula más barata en el mundo, riesgos globales evidencian la necesidad de incrementar la producción nacional por posibles interrupciones en las cadenas de suministro.
Por ello, también pidieron discutir la actual política nacional que prohíbe la facturación hidráulica de pozos petroleros o ‘fracking’ para incrementar la producción de petróleo y, en especial, de gas natural.
Dijo que estas recomendaciones, entre ocho que elabora el documento, podrían generar beneficios al Estado mexicano por casi US$ 160,000 millones: cerca de US$ 104,000 millones por contraprestaciones, y US$ 56,000 millones invertidos en proveeduría nacional.
Estos recursos equivaldrían a ocho veces el gasto anual de los programas sociales del Gobierno mexicano y pagarían la deuda actual de la estatal petrolera Pemex.
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