En medio de un fuerte resguardo militar y policial los ecuatorianos votan el domingo en una consulta popular para endurecer la lucha contra la violencia desatada desde el 2021 por parte del crimen organizado, entre otros temas, en medio de un ambiente de temor en la ciudadanía.
Unos 13.6 millones de ecuatoriano, registrados para votar, acuden a la tercera consulta popular en poco más de un año, aunque la primera en el gobierno del presidente Daniel Noboa, un empresario millonario de 36 años que asumió el poder en noviembre por un periodo de apenas 18 meses y que puede presentarse a la reelección en febrero del próximo año.
En ese corto mandato aspira a sacudir varias normas, mientras busca contener la violencia de bandas asociadas al narcotráfico que han sumido al país sudamericano en la inseguridad en los últimos tres años.
Los colegios electorales, que amanecieron con una fuerte custodia policial y militar y a los que no estaba permitido ingresar con bolsos o mochilas por seguridad, abrieron con cierto retraso, pero relativa normalidad y con largas filas de ciudadanos esperando para pronunciarse en las urnas. Las autoridades no han permitido las tradicionales ventas callejeras alrededor de los colegios electorales.
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En la ceremonia inaugural, Noboa aseguró que el resultado de esta consulta definiría el rumbo “para afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y generación de empleo” y destacó que el poder de elegir “el futuro que queremos” y cambiar la realidad estaba en manos de los ecuatorianos.
Poco después, el gobernante votó en la pequeña localidad costera de Olón, 312 kilómetros al suroeste de la capital, donde tiene su residencia, en medio de un gran despliegue de seguridad con militares portando chalecos antibalas y armas de grueso calibre. Tras el sufragio, mostró la papeleta rayada 11 veces sí y se retiró sin dar declaraciones.
En la semana previa a la consulta, el ambiente de violencia imperante en el país y uno de los ejes centrales de los comicios, se registró el asesinato a balazos de los alcaldes de dos ciudades mineras al sur del país.
“Yo voté 11 veces ‘sí’ porque quiero que se acabe esta violencia, este miedo, no podemos vivir así con temor a salir de nuestra casas”, dijo Leonor Sandoval, ama de casa de 39 años, quien votó en un recinto del norte capitalino.
Pero Jacinto Mena, profesor de primaria de 46 años, comentó que rechazó todas las preguntas. “El presidente (Noboa) está convencido de que con la violencia acabará con la violencia, eso es un error que han cometido otros países como Colombia y México”. Agregó que lo que falta es educación, trabajo y dinero para la salud.
La votación está prevista que cierre a las 17.00. El sufragio es obligatorio para los ecuatorianos entre 18 y 64 años y opcional para los jóvenes de 16 y 17 años. Ecuador es un país con 17 millones de habitantes.
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Las 11 preguntas, en las que los ciudadanos deberán responder “sí” o “no” en una sola papeleta, son un nuevo intento para reformar normas que, según las autoridades dificultan la lucha contra la violencia. Cinco implican enmiendas a la Constitución, y seis no cambian la carta magna, pero sí leyes secundarias.
Entre los temas sobre los que deben pronunciarse los ecuatorianos está si la presencia militar debe continuar en las calles para el control de la seguridad interna, como ordenó Noboa a inicios de año en medio de una oleada de ataques de bandas criminales y de motines en prisiones. En situaciones ordinarias, el control y vigilancia de la seguridad ciudadana es competencia privativa de la policía y las cárceles, del organismo rector del sistema penitenciario.
También plantea un aumento de penas para los delitos de terrorismo y otros conexos a la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como la tipificación de delitos de tenencia y porte de armas, cuyo uso es exclusivo de las fuerzas del orden.
Ecuador lleva tres años sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de asesinatos que llevaron la tasa de muertes violentas al cierre de 2023 a 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente. El año pasado hubo más de 7,600 crímenes. Las autoridades lo atribuyen a la acción de bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.
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Como parte de la estrategia para combatir la violencia en ese país —que también ha registrado un aumento de secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos—, el gobierno de Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno, lo que permitió a las fuerzas armadas realizar patrullajes conjuntos con la policía en las calles y en las cárceles del país, además y que identificó a unas veinte bandas criminales como “terroristas”.
Aún con la movilización de uniformados para controles callejeros, los asesinatos, secuestros y extorsión no han cesado. El feriado de Semana Santa, a finales de marzo, hubo más de 130 crímenes en ese fin de semana.
La consulta también supone un examen de aprobación o no a la gestión del presidente Noboa, a mitad del corto mandato y a meses de unas nuevas elecciones en las que ha anunciado su intención de reelección. El país tendrá de nuevo elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025.
El docente de Comunicación Política de la Universidad de Los Hemisferios, Santiago Cahuasquí, dijo que de aprobarse la consulta el mandatario relanzaría su liderazgo y sería “un trampolín hacia las elecciones presidenciales”.
Agregó que en el caso de Noboa su narrativa “de la guerra interna ha sido altamente eficaz”. El presidente cosechó en apenas cinco meses de gestión una aprobación superior al 60%.
El nuevo proceso electoral también llega con el país sumido en la semana previa con racionamientos de energía eléctrica de al menos seis horas diarias, que obligaron al gobierno a suspender la jornada laboral por dos días.
En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso convocó a otra consulta también sobre seguridad, que fue rechazada por los ecuatorianos; mientras en agosto, durante la primera vuelta de los comicios presidenciales, se consultó sobre la explotación petrolera y minera en una reserva natural del Yasuní y en el Chocó Andino.
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En el nuevo llamado a las urnas, hay además una pregunta para permitir la extradición de ecuatorianos a otros países, que hasta ahora está prohibida por ley y otra para la creación de judicaturas especializadas en temas constitucionales. Las autoridades han denunciado que la vía constitucional ha sido utilizada de forma abusiva por delincuentes para salir de la cárcel, llevando sus recursos a juez locales o provinciales.
También se consulta la posibilidad de que el armamento, municiones y otros artículos incautados a delincuentes puedan ser usados inmediatamente por la fuerza pública y que los bienes decomisados pasen a propiedad del Estado.
Pese a ser una consulta popular enfocada en la seguridad, el gobierno incluyó dos preguntas para que se permita la vigencia de los contratos laborales a plazo fijo y por horas, hasta ahora no reconocidos en la legislación ecuatoriana, y para que los arbitrajes internacionales sean un método de solución de controversias. Están prohibidos en la Constitución.
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