La Corte Suprema de Estados Unidos determinó escuchar en la primera semana de noviembre los argumentos sobre la legalidad de los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, cuya administración solicitó al alto tribunal una “decisión expeditiva” sobre el tema.
Un tribunal federal de apelaciones determinó a finales de agosto que Trump excedió sus atribuciones para imponer gran parte de los aranceles que instauró a sus socios comerciales desde su regreso a la Casa Blanca, aunque permitió que continúen en vigor mientras la máxima corte se pronuncia.
Presionada por el gobierno republicano, la Corte Suprema aceptó examinar el caso con urgencia y programó una audiencia sobre el tema para “la primera semana de noviembre”, indica su decisión tomada este martes.
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El gobierno argumentó ante el alto tribunal las consecuencias perjudiciales de que se invaliden los aranceles y se pierda una herramienta de presión clave en las negociaciones con los socios comerciales de Estados Unidos.
El temor a aranceles exorbitantes ha empujado a muchos de los socios de Estados Unidos, incluida la Unión Europea (UE), a abstenerse de tomar represalias y abrir aún más sus mercados a los productos estadounidenses.
El tribunal de apelaciones consideró que una ley de emergencia económica no le otorgaba al presidente “el poder de imponer aranceles y otros impuestos”. Foto: MANDEL NGAN / AFP.
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles “recíprocos” a casi todos los socios comerciales de su país, con un nivel base del 10% y tasas más altas para decenas de economías, incluida la UE y Japón.
También empleó atribuciones similares para imponer aranceles separados a México, Canadá y China debido a, según dijo, el flujo de drogas mortales que permiten hacia Estados Unidos.
Esos aranceles, que se diferencian de los que implementó sobre sectores como el automotriz, acero, aluminio y cobre, son los que están en el centro del conflicto jurídico.
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El tribunal de apelaciones consideró que una ley de emergencia económica no le otorgaba al presidente “el poder de imponer aranceles y otros impuestos”, sino que es prerrogativa del Congreso.
Sin embargo, se han presentado varios desafíos legales contra los aranceles y un tribunal de apelaciones falló por siete votos contra cuatro el mes pasado que muchos de los gravámenes eran ilegales, confirmando la conclusión de un tribunal inferior.
