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Recibir newsletterBrasil le pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) que suspenda la normativa comunitaria que entrará en vigor a finales de diciembre para evitar la llamada deforestación importada y que restringe las compras de productos que puedan causar devastación forestal en los países vendedores.
La petición consta en una carta que el ministro brasileño de Agricultura, Carlos Fávaro, le entregó hoy al comisario europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Januz Wojciechowski, en una reunión bilateral en el marco de la cita que los ministros de Agricultura del G20 realizan hasta el viernes próximo en un hotel próximo a la ciudad brasileña de Cuiabá.
En la misiva, firmada también por el ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, Brasil le pide a la UE “la suspensión de su Ley Antideforestación y la revisión del abordaje punitivo a los productores”, informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.
Según el comunicado, la carta fue entregada simultáneamente en Bruselas a las autoridades comunitarias competentes.
“Para evitar impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto”, afirman los ministros remitentes.
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La normativa comunitaria, aprobada en 2023 pero que estableció un plazo de adaptación que concluye en diciembre próximo, pretende evitar que las importaciones de la UE de ciertas materias primas y productos derivados, como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate, causen deforestación en los países exportadores.
La legislación establece que los exportadores de terceros países que quieran colocar sus productos en la UE tienen que atender una serie de complejos procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.
Según el Gobierno brasileño, la complejidad de las exigencias hace inviable las exportaciones brasileñas, especialmente las de pequeños y medianos productores.
Por ese motivo, Brasil considera la normativa como “unilateral” y “punitiva”, y asegura que puede afectar hasta la tercera parte de sus exportaciones.
“Brasil es uno de los principales abastecedores para la UE de la mayoría de los productos objeto de la legislación, que corresponden a más del 30% de nuestras exportaciones al bloque comunitario”, afirman los ministros brasileños en la carta.
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La normativa también se ha convertido en el principal obstáculo para la conclusión de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.
El Gobierno brasileño alega que cuenta desde 2012 con un Código Forestal que es considerado como uno de los más rigurosos del mundo y con el compromiso asumido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía hasta el 2030.
Igualmente alega que cuenta con 40 millones de hectáreas de pastizales con baja productividad y aptas para la agricultura, que le permiten doblar su producción agrícola sin derribar ninguna hectárea de bosque.
“Eso nos permite cumplir el compromiso de deforestación cero hasta 2030, pero necesitamos de la ayuda de la Unión Europea para poderle dar continuidad a ese proceso”, afirmó Fávaro, citado en el comunicado del Ministerio.
Entre enero y agosto de este año, las exportaciones brasileñas a la UE sumaron US$ 31,900 millones, el 14.1% de sus ventas externas, principalmente de petróleo (23%), café no tostado (10%), harina de soja (8.6%) y soja en grano (8.2%).
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