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No es la primera vez que el despacho panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) ha estado vinculado a escándalos de corrupción.
Según los Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo, el pequeño despacho ha jugado un papel destacado en la creación de empresas en el extranjero para 160 políticos y personas con cargos públicos.
Según la BBC, durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en “un imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica” —y de otras partes del mundo— que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra la filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La empresa sirvió de intermediaria empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos.
Entre sus clientes ha habido expresidentes panameños y exfuncionarios de alto rango de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otros.
Casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal, una empresa fundada por Jaime Alemán en 1985, quien en esa ápoca reclutó a otros tres abogados: Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee.
El despacho de abogados también ha prestado servicios a personas implicadas en algunos de los escándalos de corrupción más destacados de la historia reciente en América Latina, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como la presunta salida de recursos fiscales desde Venezuela al extranjero.
“Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia”, le dice a BBC Mundo Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.
Maira Martini, investigadora de operaciones de lavado de dinero de la organización sin fines de lucro Transparency International, le confirma a BBC Mundo que los clientes del bufete de abogados han estado relacionados con algunos de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica.
Habitualmente Alcogal, señala Martini, “no realiza preguntas a sus clientes y hace la vista gorda en relación a las actividades que estos realizan”.
“Aunque los Pandora Papers no prueban que Alcogal estuvo directamente involucrada en actividades ilegales, levanta una bandera roja para que sean investigados por la justicia”, apunta.
“Pleno cumplimiento de todos los requisitos”
La investigación de los Pandora Papers, que se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales, señalan que existe una “economía en la sombra” a la que acceden personas ricas y poderosas.
“Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales”, afirma la ICIJ.
En una carta dirigida al consorcio de periodistas, Alcogal declara que la constitución de empresas “es solo un aspecto” de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos”.
La empresa “lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio”, se afirma en la misiva.
200 empresas ficticias
Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de PDVSA.
El gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una “preocupación principal por el blanqueo de capitales”.
La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en aquella lista negra en 2015.
La familia Martinelli
También a petición del BPA, señalan los documentos filtrados, Alcogal creó dos empresas que luego fueron presuntamente utilizadas por Odebrecht para canalizar US$30 millones en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá.
Parte del dinero fue a parar a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes.
Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado.
Los Martinelli niegan las acusaciones.
Los documentos también muestran Alcogal registró dos empresas propiedad del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, su hermano, su padre, y otros asociados.
Cuando Varela era presidente, la prensa local publicó que una parte de su campaña fue financiada con recursos provenientes de operaciones de lavado de dinero, acusación que el exmandatario rechaza.
Alcogal determinó en aquel entonces que el caso no requería seguir siendo investigado.
Según el ICIJ, los fundadores y socios de Alcogal “forman parte de la misma clase política a la que presta servicios su empresa. Ellos han entrado y salido del gobierno panameño y de posiciones políticas por décadas”.
El candidato presidencial Nasry Juan “Tito” Asfura
Entre las operaciones del bufete de abogados, también figura que en 2006 registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA.
Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones de la firma se transfirieron a Nasry Juan “Tito” Asfura, según los documentos.
Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras para el mes que viene.
El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio.
A través de un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.
Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades.
Sobre el banco andorrano, la firma de abogados dice que no tenía “ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación”.
La conexión venezolana
Los documentos filtrados muestran que la firma de abogados aceptó clientes referidos por BPA para actuar como el agente encargado de compañías en el extranjero de algunos aliados del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez.
Entre ellos, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos. En 2015, la FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga delitos financieros, incluyó al BPA en su “lista negra” por preocupaciones sobre posible lavado de dinero.
La FinCEN afirmó que los banqueros y sus clientes venezolanos trabajaron cercanamente con funcionarios de alto nivel de Venezuela y agentes panameños para establecer empresas ficticias que luego utilizaron los venezolanos para “lavar fondos públicos saqueados”.
Tras lo señalado por la agencia estadounidense, Alcogal renunció a seguir siendo el agente registrado de algunas empresas vinculadas a clientes venezolanos, señalan los documentos de los Pandora Papers.
Ochoa y Villalobos y otros funcionarios venezolanos y algunos familiares fueron acusados por autoridades en Andorra, España, EEUU. y Venezuela.
Ni la FinCEN ni otras autoridades acusaron a Alcogal, como a ningún otro proveedor de servicios conectado a los exfuncionarios venezolanos.
Villalobos no respondió a la solicitud de comentarios por parte del ICIJ , mientras que Ochoa -a través de su abogado- declinó referirse a su caso porque está pendiente en los tribunales de justicia.
Investigar a los potenciales clientes
Se supone que investigar a los potenciales clientes es una prioridad absoluta para los abogados y los agentes financieros.
Las normas legales y bancarias internacionales exigen que las empresas profesionales como Alcogal sopesen cuidadosamente el riesgo de que puedan estar ayudando sin querer al blanqueo de dinero u otros delitos antes de aceptar a un cliente.
Pero a veces, según los documentos, Alcogal no estaba segura de quién era realmente el propietario de las empresas que creaba. Permitía a los bancos y a otras empresas que le enviaban negocios ocultar esa información, confiando en que hubieran hecho un buen trabajo de investigación del cliente.
Alcogal señaló que actualmente no constituye sociedades, fideicomisos o fundaciones para un cliente que no revele la identidad del titular real.
“Duermo bien por la noche”
Alcogal dice que prepara informes de actividades sospechosas en cumplimiento de la legislación local.
Si encuentra “información negativa” sobre una empresa o un cliente, como que se sospeche o se le acuse de un delito, “procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de descargos de responsabilidad hasta la renuncia como Agentes Registrados y/o presentar informes de actividad sospechosa según corresponda en cada caso”, dijo la empresa al ICIJ.
Los clientes de alto riesgo se revisan con más frecuencia que los de bajo riesgo, agregó.
“Entendemos que el cumplimiento es uno de los principales pilares de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales”, señaló la firma.
Sin embargo, declaraciones en el pasado del abogado fundador del la firma, Jaime Alemán, muestran otra realidad.
Durante una reunión para darse a conocer con los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas en 2013, según la información recolectada por ICIJ, Alemán afirmó que habían tareas complicadas.
“Es imposible tener archivos perfectos”, explicaba, según las actas de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10.000 empresas activas. Es enormemente difícil realizar un seguimiento”.
Alemán reconocía que el bufete no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que creaba y a las que representaba como agente registrado.
Aun así, afirmaba, estaba seguro de que el bufete tenía en sus archivos la mayor parte de la información de los clientes solicitada.
“La mejor prueba es que duermo bien por la noche, aunque nuestros archivos no sean perfectos”.
¿Por qué Panamá?
Históricamente Panamá ha sido una de las bases de operaciones de empresas que buscan pagar impuestos más bajos resguardando su identidad.
Una de las cosas que hace atractivo a Panamá “es el secretismo, el anonimato con el que pueden operar los clientes”, dice la investigadora Maira Martini.
“No tienen la obligación de revelar su identidad” por la manera en que funcionan las cosas en ese país.
Si bien existe un organismo del gobierno encargado de fiscalizar las operaciones que realizan los bufetes de abogados, en la práctica, señala Martini, “no funciona”.
“Alcogal ayudó a sus clientes a abrir sociedades en el extranjero y se aseguró de que sus nombres no aparecieran”, explica Maira Martini.
“La firma también estaba apoyando a algunos de los bancos presuntamente involucrados en lavado de dinero”, agrega.
Se supone que esos bancos, dice la experta, pedían a la firma de abogados que abriera compañías anónimas para sus clientes, sin hacer más preguntas.
Esa forma de operar hizo que miembros de las élites latinoamericanas, agrega, optaran por contratar los servicios del bufete.
El organismo panameño encargado de supervisar las firmas que proveen servicios en el extranjero le dijo al ICIJ que el gobierno ha tomado muchos pasos “efectivos y concretos” en los últimos años para luchar contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
