Los casos más urgentes de afectados en el escándalo de las transfusiones de sangre contaminada ocurrido en el Reino Unido durante décadas recibirán un adelanto de 210,000 libras (245,000 euros) en concepto de indemnizaciones, reveló este martes el Gobierno británico.
Las transfusiones con sangre contaminada infectaron presuntamente en este país a más de 30,000 personas con el VIH y la hepatitis C entre 1970 y 1991, y unos 2,900 adultos y niños murieron como consecuencia de uno de los mayores desastres sanitarios en la historia del país.
Una investigación independiente llevada a cabo durante cinco años en el Reino Unido a cargo del antiguo juez Brian Langstaff, determinó, según los hallazgos divulgados ayer, que las infecciones y muertes de pacientes no fueron un “accidente” sino que podrían “haberse evitado mayoritariamente”.
En una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja), el secretario de Estado del Ministerio del Gabinete, John Glen, señaló hoy que el Gobierno indemnizará con pagos adelantados de 210,000 libras (245,000 euros) a las víctimas que aún viven, antes de establecerse cuáles serás las indemnizaciones finales.
Esos primeros pagos se entregarán en un plazo de 90 días, que comenzará este verano, según dijo, para que “puedan llegar a quienes los necesitan con mayor urgencia”.
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Las indemnizaciones finales se efectuarán antes del próximo año y estarán exentas de algunos impuestos.
Al presentar ayer las conclusiones del informe, el exmagistrado a cargo de la investigación apuntó que el desastre de la sangre infectada “continúa ocurriendo” hoy en día, ya que algunos de los pacientes afectados “se siguen muriendo cada semana”.
El escándalo se originó cuando miles de personas que requirieron transfusiones de sangre y medicamentos para la hemofilia en la Sanidad pública (NHS) fueron expuestas a sangre contaminada con VIH, Hepatitis B, C y enfermedades virales crónicas producto de la falta de análisis que controlasen las donaciones.
En los años 70 se introdujo un nuevo tratamiento contra la hemofilia que requería una gran cantidad de reservas sanguíneas, lo que obligó al Reino Unido a importarla de Estados Unidos, donde los donantes -muchos de ellos de grupos de riesgo como drogadictos, trabajadores del sexo y presos- recibían un pago por su sangre.
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