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La primera vez que vislumbré que la democracia latinoamericana estaba en peligro, esta ni siquiera existía aún. Fue en Brasil, en 1983, cuando el gobierno militar administraba lo que el general Ernesto Geisel, presidente de 1974 a 1979, calificó de “apertura política lenta, gradual y segura”. Manifestantes desempleados y militantes sindicales no estaban de humor para esperar y, bendecidos por obispos católicos politizados, coronaron tres días de rabia con agresiones al palacio del gobernador de Sao Paulo.
La policía logró bloquearlos y el gobernador, el primero elegido por votación popular desde la década de 1960, amenazó con convocar a las tropas federales. “La violencia en las calles está poniendo a prueba la apertura a la democracia”, advirtió el presidente Joao Baptista Figueiredo, un general retirado. Después de dos décadas de gobierno militar, nadie necesitaba una traducción de su intención.
La casa del estado de Sao Paulo no cayó ese día y las tropas federales no acudieron al rescate. La tenue apertura de Brasil a la democracia llegó rápidamente y no ha sido interrumpida en los 35 años posteriores. A pesar de la enorme deuda externa, dos presidentes destituidos por juicio político, corrupción sin precedentes, manifestaciones violentas y una presencia militar recientemente acumulada en Brasilia, las fuerzas armadas no van a regresar.
Lo que está en juego hoy en Brasil y sus países vecinos no es un retorno al gobierno marcial, sino el lamentable estado de la democracia y las persistentes dudas sobre si los líderes elegidos pueden cumplir con las crecientes expectativas de un público exigente sin pisotear el Estado de derecho o pedir refuerzos.
Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia ... cada semana parece traer otra conflagración en las Américas. Las autoridades están desconcertadas y arremeten, respondiendo a la furia en las calles con porras y gases lacrimógenos, o hasta peor. Cuando nada de eso funciona, los líderes asediados se retiran tras las puertas de sus palacios y filas de comandantes militares.
La tentación pretoriana de América Latina tiene muchos fundamentos. Los altos grados de violencia criminal, el establecimiento político sobornable y las economías de más lento crecimiento corroen la confianza en la capacidad de la autoridad civil para brindar estabilidad y alivio, y mucho menos prosperidad. Cuando estallan las frustraciones, como ha sucedido desde Tegucigalpa hasta Santiago, los debilitados líderes saben a quién llamar.
“Todavía hay un sentimiento generalizado en muchos países de América Latina de que en tiempos de conflicto, las fuerzas armadas son el último recurso”, me dijo Christoph Harig, académico de América Latina en la Universidad de las Fuerzas Armadas Federales en Hamburgo, Alemania. “En muchos sentidos, nunca se fueron”.
Esta evaluación puede parecer incongruente. El gobierno de junta pasó de moda hace décadas. A excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde las fuerzas armadas son parte de la franquicia gobernante, las elecciones libres y mayormente justas son el estándar regional. En la mayoría de los países de Centroamérica y Sudamérica, los tribunales y las legislaturas mantienen a los presidentes bajo control, o cuando no lo hacen, la gente protesta, a veces hasta decir basta.
Claro, algunos militares no reconstruidos están demasiado dispuestos a repetir una era de oro marcial soñada. Incluso después de que abandonaron el palacio, los jefes brasileños se aseguraron de extender su contrato de arrendamiento hasta tiempos democráticos. La actual carta de 1988, que estaba llena de salvaguardas contra el decreto autoritario, tenía una disposición a prueba de fallas (Artículo 142) que consagraba a las fuerzas armadas como garantes de los "poderes constitucionales". Era como si todos estuvieran de acuerdo "en que la república todavía necesita una muleta", escribe el historiador José Murilo de Carvalho, estudioso de la política militar.
Sin embargo, cada vez más, los comandantes militares de la región aceptaron sus nuevas tareas y se ocuparon de profesionalizar a las fuerzas armadas, dejando la política en manos de políticos y, en su mayoría, levantando la mirada cuando los civiles se portaban mal. No es coincidencia que los golpes de Estado hayan disminuido drásticamente desde que la región regresó a la democracia electoral en los años ochenta y noventa.
Parte de la nueva abstinencia se debe al cambio de sensibilidad en los barracones. Los oficiales más jóvenes criados después de la dictadura tienen una conexión más profunda con la democracia. Saben que los líderes militares no solo eclipsaron la libertad y la libertad política en América Latina, sino que también patrocinaron una violencia horrible y violaciones indecibles de los derechos humanos que dejaron cicatrices, sobre todo en su propia corporación.
Incluso la vieja guardia es consciente de que la era de las juntas no terminó bien, y que la restauración del gobierno civil también viene acompañada de comisiones de la verdad, juicios de derechos humanos y demandas de reparación. Quizás en ninguna parte fue esto más evidente que en Argentina, donde una combinación de crímenes (la "guerra sucia"), errores estratégicos (la desastrosa guerra de Malvinas) y retribución avergonzaron a las fuerzas armadas hasta el retiro.
“Hubo un tiempo en que los militares fuera de servicio no usaban sus uniformes en público”, dijo el historiador argentino Federico Finchelstein, de la Nueva Escuela de Investigación Social. “No hay lugar para el ejército argentino en la política actual”. La reticencia a cruzar los límites se extiende incluso a Chile, donde el recuerdo del general Augusto Pinochet todavía causa taquicardia. “Los militares chilenos no están interesados en un nuevo Estado de excepción”, dijo Harig. “Como la mayoría de las fuerzas armadas, desconfían de asumir funciones de Gobierno y temen una reacción institucional si las cosas salen mal”.
La retirada de la política después del regreso de la democracia ha ayudado a limpiar la reputación de las fuerzas armadas y restaurar su posición e imagen como organismo honesto. Nunca fue así. Sin embargo, la fantasía ha favorecido a las fuerzas armadas, siempre disgustadas por la falta de fondos, con algunos quid pro quo: el gasto militar suramericano aumentó 3,1% el año pasado. A su vez, los gobernantes civiles sacaron provecho de la reputación militar.
“Hay razones por las que los militares se convierten en una herramienta política útil”, me dijo Matthew Taylor, especialista en América Latina de American University. “Tienen una legitimidad bastante perdurable mientras que otras instituciones han tenido una disminución de la aprobación”.
Se evidencia con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, excapitán del ejército que llenó su gabinete con generales retirados condecorados, superando incluso a los gobiernos militares pasados que tanto admira. No importa que la mayoría de los jefes de gabinete de Bolsonaro sean mucho más moderados políticamente que él.
El peligro es cuando líderes nacionales en aprietos piden a las fuerzas armadas que resuelvan problemas que no son de su incumbencia. América Latina es la región más asesina del mundo, y la violencia en metástasis ha socavado la fe en la justicia, la aplicación de la ley y la mayoría de los establecimientos políticos. De ahí la preferencia de funcionarios de naciones de alto crimen por desplegar soldados para trabajo policial. En México y Brasil, la policía tradicional está abrumada o dedicada al narcotráfico. En Colombia, las fuerzas armadas han sido durante mucho tiempo parte de la respuesta interna a pandillas ilegales e insurgentes.
Sin embargo, aparte de los líderes que buscan credibilidad, militarizar el trabajo policial no agrada a nadie. Lleva las armas de guerra a las concurridas calles de la ciudad y representa mal a los soldados, quienes están entrenados para someter y matar al enemigo, al enmascararlos como fuerzas de paz.
El riesgo es la violencia desproporcionada, el aumento de las violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la propia marca de los militares. Así sucedió en abril, cuando los soldados asignados para contener el crimen callejero en Río dispararon más de 80 veces contra lo que confundieron con un vehículo robado, matando en el acto a un músico de 51 años e hiriendo a dos de su familia. Iban camino a un baby shower.
No obstante, el prestigio relativo de los militares ha resultado conveniente cuando la democracia se desordena y las autoridades civiles tropiezan. En Bolivia, el autoproclamado presidente socialista Evo Morales cortejó activamente al alto mando militar, una deferencia que fracasó cuando perdió el control en las turbulentas secuelas de una elección contaminada.
En Brasil, el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, prodigó a las tropas con grandes presupuestos y artilugios, incluido un cuestionable legado de US$ 5,400 millones en 36 aviones de combate de Suecia, aunque nada de eso le sirvió de nada a su desafortunada sucesora, Dilma Rousseff, cuando coqueteó con el ejército para evitar su juicio político.
En muchas situaciones, los militares han sido llamados a la acción para defender el orden constitucional, no para usurparlo. Bloqueado por una legislatura intransigente controlada por la oposición, el peruano Martín Vizcarra invocó una controvertida disolución del parlamento y convocó nuevas elecciones, apoyándose en el ejército como respaldo.
Un comité de transición del Congreso prevalecerá hasta las elecciones de enero. En octubre, el ecuatoriano Lenín Moreno recurrió al ejército cuando manifestantes rodearon el palacio en Quito después de que él declarara medidas de austeridad fiscalmente saludables pero políticamente desastrosas. Después de todo, si bien el ejército ecuatoriano rara vez se ha aferrado al poder, “ha estado detrás de cada agitación política y cambio de régimen desde la restauración de la democracia”, dice Andrés Mejía Acosta, profesor de economía política en Kings College de Londres.
En Bolivia, Morales precipitó su propia caída al buscar un cuarto mandato consecutivo, ignorando la voluntad pública y los límites establecidos en la Constitución que escribió su propio partido. Sí, los militares se extralimitaron al recomendarle que renunciara, una solicitud que líderes civiles ignoran bajo su propio riesgo. Sin embargo, lo hizo solo después de que las calles explotaron, la policía se amotinó y la Central Obrera Boliviana, antiguo aliado, pidió la renuncia de Morales ante la evidencia generalizada de que había reclamado la victoria en una elección robada.
La preocupación por el exceso militar en la política disminuyó la semana pasada cuando el Congreso boliviano, dominado por el partido de Morales, votó abrumadoramente a favor de celebrar nuevas elecciones. Los bolivianos verán si el Gobierno provisional de Jeanine Añez, fervente crítica de Morales, se apega a su mandato de transición o se acomoda en el trono.
Lo último que necesitan Bolivia y sus vecinos es un activista militar, que puede exigir una reparación temporal contra aventureros y aspirantes a tiranos, pero es un anatema para el Estado de derecho y el orden constitucional. En una democracia adecuada, defender la Constitución es trabajo de los tribunales y las legislaturas. El desafío actual no es tanto cómo contener a las fuerzas armadas demasiado entusiastas, sino cómo arreglar una clase política de bajo rendimiento demasiado ansiosa por ventilar su prestigio prestado.
Los latinoamericanos podrían seguir el ejemplo de Uruguay. En octubre, cuando legisladores de derecha avivaron el miedo al aumento del crimen y propusieron una enmienda constitucional para militarizar la policía, decenas de miles de ciudadanos enojados salieron a las calles de Montevideo, no para protestar contra un gobierno desacreditado, sino para denunciar lo que consideraban una amenaza a la democracia. Afortunadamente, los uruguayos votaron para mantener a los militares donde pertenecen, en sus barracones.