Un consultor político que envió llamadas automatizadas generadas por inteligencia artificial que imitaban la voz del presidente estadounidense Joe Biden compareció por primera vez ante un tribunal en Nueva Hampshire, donde se le acusa de supresión de votantes y suplantación de un candidato antes de las primeras primarias presidenciales del estado.
Steven Kramer, que también se enfrenta a una propuesta de multa de US$ 6 millones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), ha admitido haber orquestado un mensaje que se envió a miles de votantes dos días antes de las primarias del 23 de enero. El mensaje reproducía una voz generada por inteligencia artificial similar a la del presidente demócrata que utilizaba su frase “¡Qué montón de tonterías!” y sugería falsamente que votar en las primarias impediría a los votantes votar en noviembre.
Kramer fue acusado el mes pasado de 13 delitos graves por violar una ley de Nueva Hampshire que prohíbe intentar disuadir a alguien de votar utilizando información engañosa. También se enfrenta a 13 cargos por delitos menores que le acusan de presentarse falsamente como candidato por su propia conducta o la de otra persona.
Los cargos se presentaron en cuatro condados y están siendo procesados por la fiscalía del estado.
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En la comparecencia de Kramer en el condado Belknap el fiscal general adjunto Brendan O’Donnell argumentó con éxito que Kramer debe pagar una fianza de US$ 10,000 dólares en efectivo. Argumentó que la cantidad era necesaria para asegurar el regreso de Kramer a la corte dado que viaja con frecuencia y tiene casas en varios estados.
El abogado de Kramer, Tom Reid, abogó por una fianza de reconocimiento personal. Dijo que Kramer tiene un largo historial de comparecencias en procedimientos reglamentarios y nunca ha faltado a una cita con el tribunal.
“El hecho de viajar mucho no hace que alguien sea propenso a huir”, dijo.
Kramer no quiso hacer comentarios a la salida del tribunal. Su abogado dijo que está “disfrutando de la presunción de inocencia”.
“Obviamente ahora mismo estamos disfrutando de la presunción de inocencia, vamos a revisar todos los diferentes cargos y entablar conversaciones con la fiscalía”, dijo Reid.
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Kramer, propietario de una empresa especializada en proyectos de captación de votantes, declaró a The Associated Press en febrero que no intentaba influir en el resultado de las elecciones primarias, sino que quería lanzar una alerta sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial cuando pagó a un mago de Nueva Orleans US$ 150 por crear la grabación.
“Puede que hoy sea un villano, pero creo que al final conseguimos un país mejor y una democracia mejor gracias a lo que he hecho deliberadamente”, dijo Kramer en febrero.
La supresión de votantes conlleva una pena de prisión de entre tres años y medio y siete años de cárcel. Hacerse pasar por un candidato se castiga con hasta un año de cárcel.
Desde las llamadas automatizadas de Nueva Hampshire, la FCC ha tomado medidas para combatir el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial en las comunicaciones políticas. En febrero, confirmó que las herramientas de clonación de voz mediante IA en las llamadas automatizadas están prohibidas por la legislación vigente, y presentó una propuesta para exigir a los publicistas políticos que informen cuando utilicen contenidos generados por inteligencia artificial en anuncios de radio y televisión.
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Si se aprueban, las nuevas normas añadirán una capa de transparencia que muchos legisladores y expertos en IA han estado pidiendo a medida que las herramientas de IA generativa producen imágenes, videos y clips de audio realistas que amenazan con engañar a los votantes en las próximas elecciones estadounidenses.
Los cargos contra Kramer se anunciaron el mismo día en que la FCC propuso su multa, junto con una multa de US$ 2 millones contra Lingo Telecom, la empresa acusada de transmitir las llamadas. Las multas propuestas fueron las primeras de la agencia relacionadas con la tecnología de IA generativa, pero Lingo Telecom manifestó su firme desacuerdo con la actuación de la FCC, y la calificó de intento de imponer nuevas normas con carácter retroactivo.
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