El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la transposición de la directiva de la UE conocida como DAC8, que supondrá un refuerzo en la vigilancia de las criptomonedas con nuevas obligaciones de información, al tiempo que incluirá estos activos entre los que pueden ser embargados.
La transposición de la directiva comunitaria sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal (conocida como DAC8), que pasará ahora a información pública, implicará la modificación de la Ley General Tributaria, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
La normativa prevé que las obligaciones de diligencia debida e información sobre criptomonedas a las que están sometidos los proveedores de servicios afecten tanto a usuarios residentes como no residentes, un paso previo a la asistencia mutua con el resto de países de la Unión Europea.
Este refuerzo de los mecanismos de intercambio de información y la ampliación de la información disponible permitirá avanzar en la transparencia fiscal y la lucha contra el fraude, al tiempo que ayudará a facilitar la asistencia al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones.
Otro de los cambios en la Ley General Tributaria implicará incluir las criptomonedas como bienes susceptibles de sufrir embargos y como bienes y derechos situados en entidades de pago.
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