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El Parlamento de España aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia, lo que convierte al país en uno de los pocos que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
Prioridad para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, la legislación recibió la luz verde en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas, 141 en contra, de la derecha y la extrema derecha, y dos abstenciones.
Inmediatamente después, los aplausos resonaron en la cámara baja por varios minutos.
Hoy “es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento y también lo es para sus familias”, se congratuló momentos antes la ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias.
“Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables (...) es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”, replicó José Ignacio Echániz, diputado del Partido Popular (PP, derecha).
La extrema derecha de Vox anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.
Cuando entre en vigor la ley, después de una moratoria de tres meses, España será el cuarto país europeo en permitir la muerte asistida, tras Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
En América Latina, solo Colombia la acepta, aunque no ha legislado al respecto.
La ley española autoriza la eutanasia (el personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).
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-Condiciones estrictas-
La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.
Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe formular por escrito “sin presión externa” y repetir quince días más tarde.
El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y por una Comisión de Evaluación.
Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.
La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática.
El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.
La película sobre su historia, “Mar adentro”, dirigida por el hispanochileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Óscar en 2005.
La ley es una victoria “para la gente que puede beneficiarse de ello” y también “para Ramón”, se congratuló en entrevista con la AFP Ramona Maneiro, la amiga que ayudó a morir a Sampedro. Fue detenida por ello, pero no juzgada por falta de pruebas.
Hoy “es un día muy feliz”, aplaudió Asun Gómez, una periodista de 54 años durante una manifestación en Madrid a favor de la ley. Recordó que fue llamada “asesina” por querer ayudar a morir a su marido, finalmente fallecido en 2017 por esclerosis múltiple.
A las personas que sufren “se les empuja a tomar la solución más rápida, que es la muerte”, fustigó Polonia Castellanos, de la asociación Abogados Cristianos, en una protesta antieutanasia, encabezada por una pancarta que criticaba al “Gobierno de la muerte”.
-“Homicidio”-
La legislación es rechazada por la Iglesia católica, y su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos.
La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó en una campaña la Conferencia Episcopal Española (CEE).
“Un médico no quiere que se le muera nadie. Es el ADN del médico”, sostuvo Manuela García Romero, vicepresidenta de la federación Organización Médica Colegial.
Además del de Ramón Sampedro, otros casos causaron impacto en España, como el de Luis Montes, un médico anestesista procesado por provocar la muerte de más de 70 pacientes terminales, aunque finalmente sobreseído en 2007.
Más recientemente, Ángel Hernández espera juicio por ayudar a morir en 2019 a su mujer, inmovilizada por la esclerosis múltiple.
