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Aprendieron por las malas a no salir solos. Los funcionarios que inspeccionan el robo de agua en Monterrey, México, comenzaron a salir en convoyes de tres o cuatro autos acompañados por policías debido a que a otros inspectores, anteriores a ellos, les habían arrojado piedras o habían rodeado sus autos. Una vez, uno de ellos fue tomado brevemente como rehén.
Ese tipo de amenazas no era lo que Erika Flores esperaba cuando comenzó a desempeñarse como inspectora de regulación ambiental en la capital empresarial del país. Pero cuando su función pasó a contemplar el monitoreo y fiscalización del robo de agua durante la crisis inducida por una sequía el verano pasado, el trabajo de Flores se volvió cada vez más peligroso.
“No lo teníamos en el radar”, dijo. Ahora, “ya es una actividad que sumamos a la actividad diaria”.
Pero México no es el único. El robo de agua a escala monumental ha diezmado lagunas de parques nacionales en España y ha amenazado con llevar a la quiebra a agricultores en Chile. En California, la industria ilegal del cannabis logra conseguir toda el agua que necesita, mientras que los residentes durante años han enfrentado elevadas multas —y vergüenza pública— por violar los estrictos límites de consumo. El robo ilegal de agua involucró incluso a un exalcalde en Brasil.
Hasta 4,000 millones de personas en todo el mundo ya experimentan escasez de agua durante al menos un mes al año, según la Unicef, una rama de las Naciones Unidas, y el agravamiento de desastres climáticos como tormentas y sequías amenazan con empeorar las cosas. El impacto es tanto económico como mortal: para 2050, la escasez de agua reducirá hasta un 6% el PBI de algunos países, según predice un reciente informe de la ONU, lo que pondrá en peligro la seguridad alimentaria y el acceso a la electricidad.
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La cooperación entre Gobiernos y organizaciones involucradas con el agua es clave para salvaguardar los suministros, pero, hasta ahora, existe una falta de voluntad política, dijo Vanda Felbab-Brown, miembro sénior del programa de política exterior de Brookings Institution.
En lugar de simplemente perforar en busca de más reservas o esperar nuevas tecnologías, las naciones deben revisar los marcos legales y políticos para implementar servicios asequibles y aumentar la fiscalización, señaló. De lo contrario, la espiral descendente de la reducción de los suministros y la extracción ilícita intensificará el pesar y el conflicto, así como las posteriores interrupciones en la producción de alimentos y otras industrias, indicó.
“Monterrey es un canario en una mina de carbón”, dijo Felbab-Brown, quien viaja a ciudades desde Nairobi, en Kenia, hasta Karachi, en Pakistán, para estudiar economías ilícitas. “Pero ha habido bastantes canarios que han muerto en las minas en los últimos años sin cambios realmente drásticos en la forma en que tratamos el agua”.
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El equipo de ocho personas de Flores en Monterrey descubrió robos generalizados, con personas que cavaban pozos no autorizados y desviaban el agua de los ríos. “Nos sirvió para darnos cuenta realmente de todo el robo clandestino que había”, dijo. “No nos imaginamos esto”.
En el punto álgido de la crisis, que desde entonces se ha calmado, la gente robaba hasta un 10% del suministro de agua de la ciudad, estimó Juan Ignacio Barragán, director de la firma estatal Agua y Drenaje. Llenaban camiones cisterna y vendían agua en el mercado negro a un precio varias veces superior al que cobra la empresa de servicios públicos, sostuvo. Parte de ella se usaba para regar cultivos; parte, para llenar piscinas.
En California, que actualmente está saliendo de una sequía que se prolongó por años, los datos no captan un evidente dilema del robo de agua: la industria ilegal del cannabis —estimada en US$ 8,000 millones—, que persiste pese a que los votantes aprobaron su uso recreativo en 2016. En cuanto al robo flagrante para apoyar la industria clandestina —como el transporte de agua robada en camiones, el robo del líquido desde bocas de incendios y la excavación de pozos ilegales—, las estimaciones son abrumadoras.
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“La cantidad de agua que se roba en la industria ilegal del cannabis es impresionante”, dijo John Nores, teniente retirado y exlíder del equipo de fiscalización de marihuana del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. “Estamos hablando de millones y millones de galones robados anualmente por estas operaciones ilícitas”.
Richard Connor, un experto en recursos hídricos de la UNESCO, la rama social, cultural y de educación de la ONU, dice que el robo mundial de agua está directamente relacionado con la incapacidad de los Gobiernos para proporcionar un servicio confiable, lo que obliga a las personas a encontrarlo por su cuenta.
En el caso de “la gente que se apropia de tanques de agua, la razón por la que lo hacen es porque les resulta rentable vender esa agua a personas que no cuentan con los servicios. Entonces, mientras más personas no cuenten con los servicios, mayor será la probabilidad de robo”, señaló Connor.
La crisis está comenzando a hacer que algunos países tomen medidas, aunque los esfuerzos han sido en su mayoría a pequeña escala.
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España, por ejemplo, está utilizando a su guardia civil para acabar con la extracción ilegal en su humedal de Doñana. Si bien la peor sequía en décadas podría haber contribuido a que se secara, la principal causa fue el robo para uso doméstico, como el riego de jardines y el llenado de piscinas en un suburbio cercano, indicó WWF. Una investigación de ocho meses que involucró a 1,400 agentes condujo al arresto de 133 personas el año pasado.
Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura y agua de WWF España, dijo que el robo de agua en la costa mediterránea de España también está profundamente arraigado en el desarrollo urbano.
En Brasil, una potencia agrícola, Clebel de Souza Cordeiro, exalcalde de Salgueiro, fue condenado por robar agua del río São Francisco, la principal fuente de agua para millones de personas en la región noreste, para regar sus propios huertos. Pero su sentencia de prisión por 6 meses se redujo posteriormente a servicio comunitario y una multa.
El Gobierno chileno del presidente izquierdista, Gabriel Boric Font, pretende intensificar el control de los recursos hídricos. El regulador de aguas del país informó que las inspecciones por uso ilícito de agua aumentaron un 9,5% el año pasado frente a 2021 y emitió 555 multas por un valor aproximado de US$ 6.4 millones. Entre principios de 2022 y fines de este año, el número de inspectores federales de agua se habrá duplicado.
“El objetivo no es seguir multando a las personas, sino que terminar con la extracción ilegal de agua”, dijo el exministro de Obras Públicas de Chile Juan Carlos García.
Pero el agricultor Felipe Rojas vive la realidad.
El sexagenario chileno posee alrededor de 60 hectáreas cerca de la desembocadura del río Mataquito, en uno de los núcleos agrícolas de la zona central de Chile, donde ha cultivado frijoles y ha criado ganado durante décadas. En los meses de verano más secos, el caudal del río se vuelve tan débil debido a los robos, que el agua de mar fluye río arriba, obstaculizando su acceso al agua dulce. El año pasado, Rojas perdió toda su cosecha de frijoles.
“Los que están rio arriba sacan toda el agua y nos dejan a los de más abajo sin nada”, dice. “Y con las ganancias que hacen en un par de semanas tienen para pagar multas toda la vida”.