La demanda colectiva fue presentada por una organización ambientalista y comprende capturas de 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros entre 1989 y 2025. Foto: difusión / La Nación
La demanda colectiva fue presentada por una organización ambientalista y comprende capturas de 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros entre 1989 y 2025. Foto: difusión / La Nación

La magistrada Mariel Borruto, del juzgado federal de Río Grande, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, se declaró competente para tramitar el caso, según confirmaron a EFE fuentes vinculadas a la demanda.

La acción judicial fue presentada el pasado 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, una organización ambientalista que cuestiona las actividades pesqueras desarrolladas en el archipiélago sin autorización de Argentina.

El monto corresponde a las 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros que, según la organización, fueron capturadas entre 1989 y 2025.

¿Qué empresas están involucradas?

La denuncia alcanza a compañías pesqueras de capitales españoles, empresas que operan bajo bandera de las islas Falkland —denominación británica de las Malvinas— y firmas argentinas que, según la fundación, tendrían vínculos económicos con las compañías españolas.

El peso de la pesca en la economía de las Malvinas

La controversia tiene como trasfondo el peso económico de esta actividad para el archipiélago. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno isleño, la pesca representa el 58% de su producto bruto interno (PBI) y constituye su principal motor económico desde hace tres décadas.

La industria comenzó a desarrollarse en 1986, cuando se establecieron zonas y un régimen de explotación pesquera que permitió incrementar los ingresos del gobierno local y alcanzar la autosuficiencia económica.

En 2025, las autoridades isleñas otorgaron 201 licencias anuales de pesca. La mayor cantidad correspondió a flotas de Taiwán (77), seguidas por las de las Malvinas (60), España (31) y Corea del Sur (30).

Las capturas se distribuyen mediante un sistema de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés), que asigna porcentajes de extracción a empresas conjuntas (joint ventures) en las que el capital isleño debe representar al menos el 51%.

El último esquema de asignación de cuotas, denominado ITQ-B, entró en vigor a inicios de 2023 y tiene una duración de 25 años. El mecanismo beneficia a una decena de empresas constituidas en las islas.

Elaborado con información de EFE.

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