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Amenazado con demandas civiles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la crisis de los opiáceos, el gigante de la distribución Walmart contraatacó al denunciar ante un tribunal la tentativa del gobierno de hacerles responsable por el consumo excesivo de estos medicamentos ultraadictivos.
En su queja registrada ante un tribunal federal de Texas, la cadena de supermercados -que cuenta con unos 5,000 comercios en Estados Unidos, casi todos con farmacia incluida- estima que el departamento de Justicia y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) ponen en una “situación insoportable” a sus farmacéuticos al reprocharles que no se hayan negado a vender los opiáceos prescritos por los médicos.
Un farmacéutico no tiene la formación necesaria para rechazar proporcionar los remedios prescritos por un médico certificado por la DEA, defiende Walmart. En caso de hacerlo podría, incluso, “perder su licencia” o “dañar la salud de un paciente”.
Impulsados por el marketing agresivo de los laboratorios farmacéuticos, sobre todo hacia los doctores, la prescripción de opiáceos contra el dolor, hasta ahora reservados a los enfermos graves, explotó al final de los años 90.
Este consumo excesivo generó una dependencia a estas sustancias en el origen de más de 450,000 muertes por sobredosis desde hace 20 años, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Walmart acusa a la DEA de querer tapar sus “profundos errores” en la gestión de esta crisis: las auditorías concluyeron que la agencia federal no impidió como debía que los laboratorios produjeran cantidades cada vez mayores de estos medicamentos ni, en el 70% de los casos, tampoco retiró la licencia a los médicos cuyas recetas se habían puesto en cuestión.
Según la denuncia, el departamento de Justicia y la DEA se ensañan contra Walmart, gastando desde hace varios años sumas considerables en una investigación que, al no conducir a un proceso penal, pretendería sacarle ahora sustanciales daños civiles.
El grupo demanda, por tanto, al tribunal de Texas que diga claramente que ellos y sus farmacéuticos no tenían la responsabilidad legal que el gobierno y la DEA pretenden atribuirle.
Otros grandes distribuidores de medicamentos estadounidenses -como Cardinal Health o McKesson- fueron demandados en la Justicia por autoridades locales o de los estados, que les acusan de haber cerrado los ojos ante los millones de recetas de medicamentos opiáceos, pese a saber que eran adictivos.
Los tres distribuidores y dos condados de Ohio llegaron a un acuerdo extrajudicial en octubre del 2019, abriendo la vía para un reglamento más global, actualmente en negociaciones.
Este miércoles, el ministro de Justicia anunció que Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin, aceptó declararse culpable en el marco de un acuerdo cifrado en US$ 8,300 millones.
