Incluso cuando parecía que el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza iba a tener una audiencia justa en el Senado, el gobierno del presidente Joe Biden insistió en que estaba trabajando en un plan B. Entonces, el proyecto de ley se vino abajo, debido al deseo de Donald Trump por privar a Joe Biden de cualquier logro con el que pudiera hacer campaña y el plan B se convirtió en el plan A.
Un mes después, Biden todavía no ha presentado una orden ejecutiva para la frontera... por dos razones. A nivel político, el fin del proyecto de ley fronteriza reveló lo poco que les importa gobernar a los republicanos del Congreso en estos días. Su intransigencia le da a Biden la oportunidad de convencer a los votantes de que el Partido Republicano es el causante del caos fronterizo.
En la práctica, el gobierno puede hacer muy poco para restablecer el orden en la frontera sur sin dinero del Congreso. Los presidentes no están desvalidos en materia de inmigración: el uso liberal que Biden le dio a la libertad condicional lo demuestra. Sin embargo, para reformar el sistema de asilo, hay cuatro cosas que limitan al presidente: los tribunales, la falta de dinero en efectivo, el derecho internacional y México.
El Congreso no ha aprobado una reforma significativa en el tema de inmigración desde 1990, así que las administraciones presidenciales han tenido que gobernar por decreto ejecutivo. La legalidad de estas órdenes se cuestiona cada vez más en el sistema de tribunales. En teoría, el gobierno de Biden ha planteado dos ideas.
Una es una orden ejecutiva que restringiría aún más la capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo si cruzan la frontera entre puertos de entrada. No obstante, Biden implementó una versión de esa orden el año pasado y su eficacia ha sido limitada debido a los litigios y un sistema de tribunales de inmigración atascado.
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El problema no es que cruzar entre puertos sea legal (no lo es), afirmó Aaron Reichlin-Melnick, de American Immigration Council, una agrupación defensora. El problema es la incapacidad de los tribunales de inmigración para procesar con rapidez a las personas.
En promedio, pasan más de cuatro años para apenas conseguir una audiencia de asilo. Debido a la escasez de personal —desde agentes de la Patrulla Fronteriza hasta funcionarios de asilo y jueces de tribunales de inmigración—, Biden insiste en que la única respuesta es la acción del Congreso y el dinero que le sigue.
La segunda idea se inspiraría en el manual de política migratoria de Trump. En 2017, Trump restringió los viajes a Estados Unidos desde varios países de mayoría musulmana conforme un oscuro estatuto que les otorga a los presidentes una amplia autoridad para suspender la entrada de personas que “sean perjudiciales para los intereses de Estados Unidos”.
La Corte Suprema confirmó la orden de Trump en Trump vs. Hawái, un caso que Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, cita como prueba para argumentar que Biden no necesita que el Congreso actúe. Sin embargo, esa ley y ese caso son menos relevantes cuando las personas que tienen prohibida la entrada ya están en el país y no esperando un vuelo para llegar.
Aquí es donde entra en juego el derecho internacional. Estados Unidos firmó el Protocolo de 1967 que amplió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El tratado estipula que los solicitantes de asilo, independientemente de cómo hayan ingresado en un país, pueden presentar una petición de asilo.
Esta disposición también está consagrada en la ley estadounidense y es la base de la impugnación legal de la norma de Biden que limita el asilo a quienes cruzan la frontera entre puertos. Estados Unidos también debe respetar el principio de no devolución, el cual prohíbe a los países devolver a los solicitantes de asilo a lugares donde estén en riesgo su vida o su libertad.
La otra sugerencia favorita de Johnson —en vez de que su caucus haga algo— es que Biden debería reincorporar la política de Trump “Permanecer en México”, conforme la cual algunos migrantes fueron devueltos al lado sur de la frontera a esperar una audiencia. Johnson desestima la resistencia de México a reanudar la política. “Somos Estados Unidos”, les comentó a reporteros. “México hará lo que digamos”.
Las cosas no son tan sencillas. Trump intimidó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para obligarlo a tomar medidas contra la inmigración amenazando con imponer fuertes aranceles a las importaciones. Tal vez Biden esté reacio a ejercer ese tipo de presión pues México ahora es el mayor socio comercial de Estados Unidos y está ayudando a frenar el tráfico de fentanilo. Además, tan solo unos 80.000 migrantes se inscribieron en el programa Permanecer en México entre 2019 y 2022, una pequeña fracción de los que cruzaron la frontera.
En aspectos pequeños, el gobierno de Biden está progresando. La cantidad de decisiones mensuales en torno a un “temor creíble” —el criterio que deben cumplir algunos migrantes para solicitar asilo— se ha multiplicado más de cinco veces desde 2022, lo cual aceleró el proceso para muchos. Las medidas enérgicas de México contra los trenes de migrantes y el traslado de migrantes al sur de México ha disminuido los flujos hacia Texas (pero los ha empujado hacia Arizona).
Pese a los obstáculos, el presidente quizá emita algún tipo de orden ejecutiva de todos modos. “Los tribunales los demandarán de inmediato y es probable que los bloqueen”, argumentó Julia Gelatt, de Migration Policy Institute, un centro de investigación. “Tal vez a nivel político sea útil decir: ‘Bueno, lo intentamos. De verdad te necesitamos, Congreso’”.
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